Editorial: Voz sin veto

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), presidido por la abogada Julia Príncipe, ha aprobado esta semana una medida que era reclamada por diversos sectores de la opinión pública: dejar sin efecto la denominada ‘mordaza’ que se impuso a los procuradores tiempo atrás. Esto es, la obligación que pesaba sobre ellos de obtener autorización “del titular de la entidad de la cual dependen administrativamente” antes de declarar a los medios sobre los casos que tienen entre manos.

La disposición, que existía desde el 2008, siempre fue absurda, pues mientras más transparente sea una investigación, normalmente más probabilidades tendrá de llegar a buen puerto; máxime cuando la prensa puede aportar elementos de juicio que los investigadores oficiales no tienen a la vista, como ha ocurrido en tantos casos. Y quizá por eso había caído en el olvido cuando, en junio del 2015, la Secretaría Técnica del CDJE envió un oficio recordándole sus alcances al entonces procurador anticorrupción, Joel Segura.

Llamó la atención, en ese sentido, que el prurito por el cumplimiento de la misma se hubiese activado precisamente cuando quien estaba siendo objeto de investigación era alguien vinculado al gobierno; y no, por ejemplo, cuando otros procuradores habían tenido una presencia mediática igualmente notoria a propósito de sus pesquisas con relación a Alan García o Alejandro Toledo.

Como se sabe, la disposición en cuestión fue, en efecto, la que se invocó en octubre del año pasado para “dar por concluida la designación” de la propia señora Príncipe como procuradora especializada en delitos de lavado de activos, a raíz de su afirmación en el sentido de que las agendas de Nadine Heredia –que ella acababa de entregar a la fiscalía– contenían “información relevante para la investigación” que debía seguírsele a la esposa del ex presidente Humala con relación “a las actividades y gastos partidarios de la agrupación que ella dirige” (Príncipe se refería al Partido Nacionalista, del que Heredia era en ese momento presidenta).

El ejecutor de la medida fue, por cierto, el ministro de Justicia de aquel entonces, Gustavo Adrianzén, pero la sospecha generalizada apuntó a una orden palaciega. De hecho, sintiéndose aparentemente aludida, la ex primera dama aseveró en esos días lo siguiente sobre el controvertido cese: “No he tenido ninguna injerencia, ningún tipo de decisión trasladada a ningún ministro”.

De cualquier forma, Adrianzén agregó un toque personal a esa oprobiosa censura con sabor a represalia al declarar que consideraba “un acto de vedetismo que los abogados del Estado expliquen su trabajo ante los medios” y tratar de justificar además la decisión de apartar de su cargo a la mencionada funcionaria alegando que su esposo estaba involucrado en varios procesos por lavado de activos.

Todo eso, felizmente, ha quedado superado, gracias a la reciente decisión de los nuevos integrantes del CDJE. Ahora las únicas restricciones que se aplican a las comunicaciones de los procuradores con la prensa son que estas no afecten la defensa jurídica de los intereses del Estado, no revelen información confidencial o reservada y no busquen establecer por adelantado responsabilidades, ni afecten “el decoro funcional”. Exigencias todas bastante razonables.

Es importante destacar que este levantamiento del veto impuesto a los procuradores resulta determinante no solo porque les devuelve la elemental libertad de expresión que nunca debieron perder en razón de su cargo, sino, sobre todo, porque les garantiza la autonomía funcional frente a las instituciones de las que dependen administrativamente, establecida en el Decreto Legislativo N°1068. Recordemos que cuando la materia de sus investigaciones toca de alguna forma a los gobiernos de turno, la publicidad de sus hallazgos a través de los medios es la mejor defensa de la que pueden disponer frente a eventuales presiones del poder.

Tendremos, en ese sentido, los oídos atentos a la voz que acaban de recuperar.