Ya fue suficiente

En cualquier país, lo que sucedió en Pataz (La Libertad) debería ser motivo de trauma colectivo, luto nacional, profunda introspección y cambios radicales en la política de seguridad nacional. Si el hartazgo ciudadano con la pasividad e inoperancia del Gobierno con la criminalidad no había llegado ya a un punto de inflexión, el asesinato de 13 trabajadores a sangre fría como resultado de un secuestro debería ser motivo suficiente.

De acuerdo con la minera Poderosa, empresa que mantenía un contrato de explotación con el minero artesanal cuyos trabajadores fueron ejecutados, con este último atentado suman ya 39 personas asesinadas por los criminales que se han apoderado de esa zona del país. Varios de ellos fallecieron en ataques durante el estado de emergencia vigente, como muestra de su nula efectividad.

Esta es una tragedia de la que no se puede simplemente pasar la página. Demuestra que los criminales no tienen ya ningún límite en cuanto a la violencia y los métodos que son capaces de aplicar para conseguir su objetivo. Demuestra su control total sobre un pedazo del territorio peruano. Es inaceptable, como también lo es hasta ahora la pobrísima respuesta que un hecho de este tipo ha merecido de la presidencia, del Gabinete, de la policía, del Congreso y del gobierno regional de César Acuña. Vergüenza aparte merecen las declaraciones del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, quien el miércoles pasado, cuatro días después de sucedido el secuestro, ponía en duda la veracidad del atraco.

La fila de responsables es larga, pero entre todos quien lleva la responsabilidad política principal y última por la seguridad de los ciudadanos es la presidenta Dina Boluarte. Lo macabro del ataque y la gravedad de la situación general justifican un mensaje a la nación en el que anuncie la absoluta prioridad en la captura de estos delincuentes, en la que se pondrá todo el peso del Estado Peruano a disposición de las necesidades de inteligencia, equipamiento, estrategia e intervención que demande aprehenderlos. Si fuera requerido, la colaboración internacional en cualquiera de estas cuatro áreas es bienvenida. Las familias de los deudos serán doblemente victimizadas si los homicidios quedan impunes, y el mensaje para los criminales será que ni siquiera los actos más horrendos serán sancionados.

Esto debe ser un parteaguas. La ciudadanía demanda acción y las autoridades no reaccionan. Nadie puede pasar por agua tibia la ejecución de 13 personas inocentes. Un país que se acostumbra a convivir con esos niveles de violencia en algunas zonas de su territorio no tarda en implosionar en el ámbito nacional cuando el cáncer se extiende. Ya fue suficiente.