Bajo las métricas económicas más usadas, no es estrictamente correcto argüir que el Estado Peruano es demasiado grande y que debería, en consecuencia, achicarse. El gasto público total como porcentaje del PBI es cercano a 20%, menor que en la mayoría de los países de la región y apenas la mitad de lo que se registra en promedio en los países de la OCDE. La recaudación tributaria también es reducida para el tamaño de la economía, en parte como consecuencia de la informalidad.
Bajo las métricas económicas más usadas, no es estrictamente correcto argüir que el Estado Peruano es demasiado grande y que debería, en consecuencia, achicarse. El gasto público total como porcentaje del PBI es cercano a 20%, menor que en la mayoría de los países de la región y apenas la mitad de lo que se registra en promedio en los países de la OCDE. La recaudación tributaria también es reducida para el tamaño de la economía, en parte como consecuencia de la informalidad.
Sucesivos gobiernos, sin embargo, habrían sacado conclusiones equivocadas de esta figura. En vez de robustecer progresivamente las capacidades del Estado para entregar mejor salud, educación, infraestructura o seguridad, lo que ha venido creciendo es la planilla estatal sin mayor correlato con resultados. De acuerdo con un informe del Consejo Peruano de Competitividad (CPC), publicado ayer en este Diario, el gasto en planilla pública llegó a S/389.670 millones en el período 2021-2026, lo que implica un crecimiento de 41% frente al quinquenio anterior. Si se incluye el gasto en consultorías y locación de servicios, el incremento es de casi 50%. El aumento en planilla es, además, peligroso cuando se financia con ingresos extraordinarios, como los provenientes de los altos precios del cobre y el oro. Si eventualmente se acaba el buen ciclo internacional, no habrá luego con qué pagar a los policías, docentes y otros funcionarios.
Particularmente llamativo es el caso del Congreso de la República. Esta ha sido la institución con el mayor incremento en el gasto en personal y obligaciones sociales: casi se duplicó de un lustro al siguiente. No es fácil evaluar cuánto de este incremento significó mejoras en sus funciones legislativas y de fiscalización, pero, a juzgar por sus tasas excepcionalmente bajas de aprobación ciudadana en los últimos cinco años, probablemente no mucho. Con la ventaja de establecer su propio presupuesto, el Congreso anterior fue pródigo en contrataciones, bonos, aumentos y beneficios diversos en provecho propio.
No se trata, decíamos, de reducir indiscriminadamente el tamaño del Estado. El país necesita mejoras urgentes en la calidad de diversos servicios públicos y, si bien la prioridad debería ser aumentar dramáticamente la eficiencia del gasto, un incremento progresivo y responsable en los presupuestos también será necesario. Lo inaceptable es que estos aumentos aparezcan desligados de cualquier métrica razonable de resultados. La caja fiscal no lo soporta. La inversión pública tampoco. Y la ciudadanía que reclama justicia, educación, salud y seguridad, menos.
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