En los últimos años, el avance de la minería ilegal a gran escala en zonas como Pataz, en La Libertad, ha acaparado titulares. No es para menos. Las exportaciones de oro ilegal se contarían ya en más de US$10.000 millones por año, en parte debido a la extracción en zonas rocosas.
El drama de la minería ilegal, no obstante, no es reciente. Este Diario ha venido reportando respecto del asunto desde hace más de una década, sobre todo la que se desarrolla en zona de selva. Ayer, como parte de este esfuerzo sostenido, publicamos un informe que da cuenta del avance de las dragas para la extracción de oro en Loreto.
Según el trabajo de la Unidad de Investigación de El Comercio, solo entre el 2025 y lo que va del 2026 suman 704 las nuevas dragas que han empezado a operar en 13 ríos de Loreto. Imágenes satelitales confirman esta irrupción, especialmente en el Nanay. En el río Marañón ya deforestaron 868 hectáreas; más de la mitad fueron devastadas en el último año, el equivalente a seis Campos de Marte de Jesús María por mes. De acuerdo con representantes de la fiscalía en la zona, ciertas comunidades se oponen al trabajo de interdicción de las autoridades, entre las que se cuentan también la Marina y la policía.
La minería ilegal en zona de selva conlleva muchos de los mismos problemas que la que se desarrolla en zonas de costa o sierra: trata de personas, violencia, financiamiento de crimen organizado, degradación del tejido social, entre otros. Pero la minería aluvial en regiones como Madre de Dios o Loreto tiene como serio agravante la destrucción masiva de algunos de los ecosistemas más emblemáticos, valiosos y frágiles del país. Incluso si la actividad se paralizara mañana, las miles de hectáreas contaminadas y arrasadas de bosque primario no volverán.
Eso hace indispensable frenar el avance de las dragas lo antes posible. Sin embargo, a pesar de que este problema ha sido ampliamente documentado por varios años, el incremento del precio del oro ha traído también una expansión de la actividad criminal. El territorio en selva es demasiado extenso para ser fiscalizado con presencia física constante, pero otras vías de control existen: revisión de insumos críticos, ataque a la cadena de comercialización, inteligencia financiera, vigilancia satelital, etc. Los principales requisitos para que todo esto camine en bloque son la coordinación interinstitucional y la voluntad política a escala nacional y subnacional. Hasta ahora nada de eso se ha visto, y las consecuencias son nuevos bosques perdidos todos los días.
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