
Esta semana, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo y sus exministros procesados por el golpe de Estado para que sean inhabilitados políticamente. La medida apunta a corregir un despropósito: la posibilidad de que alguno de ellos pueda postular a un cargo de elección popular el próximo año. En especial el exmandatario que, aunque suene disparatado, no tiene impedimento para candidatear, por ejemplo, al Senado o la Cámara de Diputados, debido a que no tiene sentencia en primera instancia ni inhabilitación política alguna.
Mientras se encuentra en el penal de Barbadillo, de hecho, Castillo se ha afiliado a la organización Todo con el Pueblo (TCP), que está en proceso de inscripción. No sería, además, la primera vez que algo así ocurre: en el 2016, Gregorio Santos candidateó a la presidencia mientras se encontraba recluido en el penal de Piedras Gordas, y en el 2021 José Luna Gálvez asumió como parlamentario mientras se hallaba en detención domiciliaria.
Si Castillo lograra aparecer en una lista en el 2026, estaríamos, por supuesto, ante una pésima noticia para la democracia. Como mencionamos ayer en este Diario, a propósito de la necesidad de que la Corte Suprema ratifique la cancelación del partido de Antauro Humala, la democracia no puede ser boba y permitir que sus enemigos se valgan de sus mecanismos para destruirla. Y lo que hicieron Castillo y sus cómplices el 7 de diciembre del 2022 fue precisamente eso: tratar de liquidar la democracia al ordenar, entre otras medidas, la disolución del Legislativo, la reorganización del sistema de justicia, la instauración de un gobierno por decreto y la convocatoria de un Congreso constituyente.
Sorprende, por eso mismo, que hasta ahora el Congreso que declaró la vacancia de Castillo no se haya percatado de esta situación. No se trata, como afirma el exministro Walter Ayala, abogado del exmandatario, de que haya “temor” de los partidos políticos de derecha de competir contra él. Se trata de un acto de amor propio de un país que no debe dejar que quien trató de embarcarlo en una dictadura para protegerse de las graves denuncias de corrupción que lo cercaban logre volver a un puesto de poder.
Y lo mismo cabe decir de Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Aníbal Torres (quien no está incluido en la denuncia constitucional, pero sí en la acusación fiscal), exministros del golpista que en la actualidad vienen buscando un espacio en diferentes grupos políticos con miras a los comicios del 2026. El caso de Sánchez es el más grave, porque su partido, Juntos por el Perú, no ha descartado una alianza con Antauro Humala si su organización es finalmente cancelada.
La democracia no puede permitir que quien trató de destruirla la utilice para volver al poder. Y el Congreso está a tiempo de evitarlo.