La necesidad de sancionar a los golpistas

Más de dos años y medio después del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, la Comisión Permanente del Congreso ha dado un paso importante. Con 17 votos a favor y solo cuatro en contra, aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez por su “activa participación” en aquel episodio que amenazó el orden constitucional.

La decisión no es casual ni vengativa. Se sustenta en la violación flagrante de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, que obligan a todos los funcionarios a respetar y defender la Carta Magna, a servir a la nación y a ejercer el poder dentro de los límites legalmente establecidos. Chávez no fue una espectadora pasiva; por el contrario, respaldó activamente la decisión de Castillo de cerrar el Congreso y reorganizar el sistema de justicia, convirtiéndose en cómplice de un acto que constituye rebelión según nuestra Constitución.

Ahora corresponde al pleno del Congreso ratificar esta sanción. La democracia no puede ser ingenua ni permisiva ante quienes intentan quebrantarla desde adentro. Los golpistas, sin importar sus colores políticos o sus justificaciones, deben enfrentar las consecuencias de sus actos. Permitir la impunidad solo incentiva futuras aventuras antidemocráticas y debilita las instituciones que tanto costó construir.

Pero la tarea no termina con Chávez. Es igualmente imperativo que el Congreso avance decididamente con la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, el autor de este golpe frustrado. No puede haber medias tintas: quien intentó cerrar el Congreso, disolver el Tribunal Constitucional, intervenir el Ministerio Público que lo investigaba y gobernar por decreto debe ser inhabilitado para ejercer función pública.

La democracia peruana ha demostrado su fortaleza al resistir el embate golpista del 7 de diciembre, pero esa resistencia debe complementarse con justicia. Los ciudadanos esperan que sus representantes defiendan el orden constitucional no solo en los momentos críticos, sino también en las decisiones posteriores que consolidan la institucionalidad.

Ratificar la inhabilitación de Betssy Chávez e inhabilitar a Pedro Castillo no es un acto de persecución política como afirman sus abogados, sino un imperativo democrático que envía un mensaje claro: en el Perú, la democracia se defiende y a los golpistas se les sanciona.