Al Perú no le han faltado procesos electorales tumultuosos en las últimas décadas. Aun así, la confianza ciudadana en los dos principales organismos electorales –la ONPE y el JNE– solía ser relativamente alta en comparación con otras instituciones públicas. El deterioro y corrupción del aparato estatal –parecía– no había llegado hasta ahí.
Pero esto era una ilusión. El bochornoso espectáculo que protagonizó la ONPE el pasado 12 de abril será una marca permanente en su reputación institucional. El descalabro por la ausencia de material electoral en los locales de votación de la capital el día de la elección, así como por otras muchísimas fallas operativas en esa fecha y en los días subsiguientes no tienen justificación. La situación de descontrol llegó a tal punto que el JNE denunció penalmente a Piero Corvetto, cabeza de la ONPE, atribuyéndole tres presuntos delitos: atentado contra el derecho de sufragio; omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral. Será difícil, por decir lo menos, defender la pulcritud de un proceso en el que la autoridad máxima en la materia interpone una denuncia penal, en esos términos, en contra de quien organiza los comicios.
Unos días después, el mismo JNE desmintió a la ONPE respecto del material electoral hallado al costado de un tacho de basura. De acuerdo con la ONPE, si bien hubo negligencia en su manejo, la cadena de custodia se mantuvo gracias a la presencia de personal de la policía y del JNE en su traslado. Frente al Congreso, sin embargo, Roberto Burneo, presidente del JNE, aseguró que esto no era cierto. “No hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el JNE”, indicó. La ONPE se vio obligada a retractarse y pedir disculpas. Un papelón inaudito.
A todo esto se van sumando día a día errores comunicacionales, de actualización de la página web, y un conteo que genera más dudas que certidumbre. Se debe, en ese sentido, pedir una auditoría al sistema de conteo de la ONPE. Así, la permanencia de Corvetto al frente de esta entidad es ya insostenible. Con miras a la segunda vuelta debe ser reemplazado mediante cualquier canal institucional disponible. Mientras antes suceda, mejor. Y él no es el único responsable. El nivel de descuidos y negligencia puede sugerir intencionalidad en el interior de la ONPE para afectar el proceso electoral y perjudicar opciones políticas concretas. A estas alturas, los indicios son más que suficientes para, por lo menos, iniciar una investigación a fondo mediante una comisión con amplias facultades. Aquí no puede haber borrón y cuenta nueva. Se juega la credibilidad de la democracia. El país tiene el derecho a saber qué pasó el 12 de abril, y los ciudadanos afectados tienen derecho a saber qué pasó con sus votos.
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