Quiso el destino que durante el primer verano de Keiko Fujimori como presidenta experimentase un fenómeno de El Niño (FEN) complicado, tal y como lo tuvo el presidente Pedro Pablo Kuczynski en sus meses iniciales de gestión. Por el momento, sin embargo, las proyecciones anticipan que el FEN que le tocará al actual gobierno podría ser bastante más complicado que el del 2016-2017, y quizá más similar a los devastadores eventos que vivió el Perú en 1983 y en 1998.
Las consecuencias sobre la economía se sienten desde hace meses. Sectores como agricultura y pesca han tenido un desempeño negativo en el segundo trimestre del año. De acuerdo con un informe publicado ayer en este Diario por el Instituto Peruano de Economía (IPE), en los próximos meses el turismo y la generación eléctrica también se resentirán.
La investigación del IPE da un dato aún más preocupante: más de ocho millones de peruanos se encuentran en riesgo alto o muy alto ante inundaciones por lluvias intensas. La mitad de este grupo vulnerable se encuentra en el norte, a pesar de que ahí solo vive un quinto de la población nacional. En regiones como Piura y Tumbes, más del 60% de la población tiene una situación de muy alto riesgo. En Piura, llegado finales de agosto se ha usado apenas la mitad del presupuesto anual para inversión destinado a reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
Por su parte, Lima, siendo la ciudad más grande, tiene también la mayor exposición poblacional. En distritos como Cercado, Carabayllo y Los Olivos la vulnerabilidad es crítica. En general, las lluvias de las últimas semanas han dejado bastante claro que la capital no está preparada para un FEN intenso.
Recientemente, el gobierno anunció que impulsará excepcionalmente un sistema de obras por impuestos exprés (OxI exprés) para acortar los plazos de las obras de emergencia, con énfasis en el FEN y seguridad ciudadana. La urgencia es bienvenida, pero lamentablemente no será suficiente tapar en pocos meses -exprés o no- la desidia en prevención acumulada por al menos una década en ministerios, gobiernos regionales y municipalidades. El sector privado ha puesto el hombro y debe colaborar activamente. El apoyo técnico y material desde gobiernos extranjeros se debe gestionar desde ahora. El gobierno de la presidenta Fujimori va a necesitar toda la ayuda que pueda conseguir, y rápido.
Cuándo
