En días recientes, dos organizaciones distintas han advertido sobre el grave peligro que suponen las iniciativas aprobadas por el Congreso que crean nuevas obligaciones económicas para las que no hay presupuesto.
La primera es el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya última visita al Perú este mes ha encontrado que uno de los principales retos de nuestro país consiste en corregir los desequilibrios fiscales y, específicamente, las “iniciativas legislativas de gasto sin financiación” sobre las que ha conminado a nuestras autoridades a resistirse. La segunda es el Consejo Fiscal, que en un comunicado ha explicado que las leyes aprobadas por el Legislativo solo en marzo supondrán “un costo anual permanente para el fisco de S/11.400 millones”. Dicha cifra, por cierto, es un cálculo moderado, pues según el presidente de la entidad, Alonso Segura, el monto real podría llegar hasta los S/15.000 millones si se incorporan otras medidas pendientes y costos no cuantificados.
¿A qué leyes se refieren? A la que otorga gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS del sector público, y a las que modifican las pensiones de los maestros y del personal militar y policial. Pero el problema no se agota en estas iniciativas en concreto. Como sabemos, esta representación nacional y su antecesora pasaron una serie de medidas que perforan la caja fiscal sin que el Ejecutivo realizara su labor de contrapeso. Ya durante el gobierno de Dina Boluarte la debilidad del Ministerio de Economía y Finanzas para enfrentarse a los parlamentarios era patente, pero ahora el panorama luce peor con un presidente de transición salido de las curules del mismísimo Congreso que no ha mostrado ningún interés por discrepar con sus colegas. Y, en tiempos de campaña, en los que varios parlamentarios actuales buscan la reelección, seducir a ciertos bolsones electorales utilizando dinero del Estado Peruano parece una opción demasiado tentadora como para dejarla pasar.
A todo lo dicho, habría que sumarle la situación de Petro-Perú, a la que –como informó este Diario– el gobierno de José María Balcázar estaría pensando otorgar un nuevo salvataje (de unos US$2.000 millones) y en derogar el decreto que buscaba su reorganización con miras a que deje de ser ese barril sin fondo que ha sido en los últimos años.
Lo que está haciendo el Congreso, con la lamentable aquiescencia del Ejecutivo, no es otra cosa que hipotecar el futuro del país. Nadie, por cierto, está en contra de que los maestros o militares reciban mejores pensiones, ni de que los trabajadores tengan más beneficios. Pero ese dinero no existe hoy en el presupuesto nacional. Y, como cualquiera sabe, ninguna persona, familia o empresa puede gastar más de lo que tiene de manera recurrente sin sufrir las consecuencias. Ahora que se acercan las elecciones, los peruanos deberíamos apostar también por candidatos responsables con las finanzas del país en el largo plazo.
