Editorial El Comercio

Por si a alguien le quedaban dudas, que estamos cerrando ha demostrado que el Estado necesita todas las herramientas para luchar contra el crimen organizado. Entre ellas, por supuesto, la , que hasta antes del 11 de diciembre permitía que –bajo la autorización de un juez– las autoridades pudieran aprehender a un individuo siempre que existiesen indicios razonables de que cometió un delito y riesgo de que evadiría la acción de la justicia. Hoy, gracias a una modificación del Congreso promulgada por el Ejecutivo, esta figura para casos de flagrancia o de fuga de un centro de detención preliminar, lo que equivale a inutilizarla en medio de la que quizá sea que vive el país en mucho tiempo.

Movidos por las críticas, el Parlamento trató de corregir su error semanas atrás, pero el Gobierno, increíblemente, y planteó una serie de modificaciones a la detención preliminar mientras la mayoría de los congresistas está en receso. Y cuando uno pensaba que que detonaron en La Libertad moverían al Ejecutivo a reconsiderar su postura, esta semana sus representantes comunicaron que no lo harán, como si se mantuvieran inmunes a la coyuntura. Lo hicieron durante la mesa técnica convocada por la Comisión de Justicia del Congreso, precisamente para ver las observaciones planteadas por la administración de . Allí, funcionarios del Ministerio de Justicia defendieron los cambios gubernamentales que, como anotó un estudio realizado por CHS Alternativo y , proponen dejar fuera del alcance de la detención preliminar a 88 delitos, incluyendo los relacionados con crimen organizado y corrupción.

En la misma mesa, por otro lado, representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) advirtieron sobre este y otros peligros de la fórmula del Ejecutivo. Y recordaron que, incluso en los casos en los que pudo haberse registrado excesos en la aplicación de la detención preliminar (que ha habido), existe una segunda instancia y otras garantías a favor del perjudicado. Lo que no puede hacerse, como hemos dicho antes, es dejar a las autoridades sin las armas necesarias para combatir una amenaza que se ha desbordado.

Sorprende, por ello, que el titular de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), haya evitado responder cuándo estará listo el dictamen sobre las observaciones del Gobierno. Y que, consultado sobre por qué el grupo de trabajo no se declaraba en sesión permanente, haya retrucado que no pueden ausentarse de la semana de representación que empieza el lunes. Mita, para más luces, pertenece a la misma bancada que de todo este desaguisado: Waldemar Cerrón.

Así, mientras el Congreso se detiene en este tema, el crimen no lo hace y avanza espoleado por la inacción, en algunos casos, y la complicidad, en otros, de nuestras autoridades.

Editorial de El Comercio

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