Un proceso transparente ayuda a mitigar la desconfianza. El justificado clamor ciudadano sobre las irregularidades que mancharon la primera parte de los comicios y las dudas sobre el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacen necesaria una revisión de los procedimientos que sea completamente independiente del sistema electoral. En ese contexto, el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de convocar una auditoría informática “integral y exhaustiva” de la primera vuelta ha sido recibido positivamente.
Según informó la institución el último sábado, la medida “responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables”. Además, precisó que la auditoría “contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en Materia Electoral”.
Sin embargo, desde entonces, el JNE no ha dado más detalles sobre la materia. Ni una palabra sobre la fecha en que el procedimiento se iniciaría ni el plazo previsto para la entrega de resultados. Ninguna precisión tampoco acerca de quiénes serían los integrantes del comité de expertos. ¿Serán peruanos? ¿Extranjeros? En general, reina, a propósito de estas interrogantes, un silencio inquietante que conspira precisamente contra la inyección de confianza que se espera aportar con respecto a la primera vuelta con la medida.Un asunto particularmente relevante, desde luego, es el de la oportunidad en que tendremos los resultados. ¿Será antes de la segunda vuelta? Obviamente, eso sería lo razonable, pues lo que se requiere es llegar al 7 de junio con todas las sospechas despejadas y la seguridad de que los problemas que padecemos ahora no se repetirán. Se requieren acciones que fortalezcan la transparencia y devuelvan la credibilidad a los organismos electorales.
No se trata de un reclamo aislado. En un comunicado difundido ayer, una serie de gremios empresariales –entre los que se cuentan la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores (ÁDEX), la Cámara de Comercio de Lima y muchos otros– insistieron en la necesidad de una auditoría y que ella sea realizada “por una empresa de reconocido prestigio internacional”.
El anuncio del JNE va en la dirección correcta, pero sin información clara y oportuna no logrará su propósito. Lo que tenemos hasta el momento es un proceso sin cronograma, sin responsables identificados y sin precisiones sobre el alcance específico de la auditoría. El JNE tiene la obligación de informar a la ciudadanía sobre todos estos aspectos. El calendario electoral avanza y no hay margen para dilaciones. La auditoría debería contribuir a despejar las dudas, pero la falta de información sobre ella solo está produciendo más incertidumbre.
