En las últimas décadas, el Perú ha sido sin duda uno de los países del mundo con la mayor cantidad de expresidentes enfrentando procesos penales o que han sido privados de su libertad por disposición judicial. Engrosando la estadística, pronto podría ser el turno también de quienes llevaron las riendas del Poder Ejecutivo entre el 2011 y el 2016: Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.
La semana pasada, Martín Belaunde Lossio, persona cercana a la pareja presidencial desde el inicio de su aventura política y hoy colaborador eficaz de la fiscalía, declaró que él mismo recogió dinero en efectivo de la Embajada de Venezuela en Lima para financiar la campaña electoral del 2006. “La señora Nadine me pidió que vaya a recoger eso donde la señora Virly Torres [exfuncionaria venezolana] [...]. Solo recogí dos veces, en mochilas, las otras veces hasta donde sé se lo entregaban directamente en casa de la señora Nadine Heredia”, mencionó Belaunde Lossio al cierre del interrogatorio a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche. Añadió que el dinero “evidentemente era ilícito” y “se trató de ‘blanquear’ [es decir, lavar o dar apariencia de legalidad] a través de aportes fantasmas o a través mío”. Belaunde Lossio también indicó que Jorge Barata, exdirectivo de la constructora brasileña Odebrecht, entregó US$400.000 para la campaña del 2006. Como se recuerda, además, en el 2017 Barata declaró que su empresa le entregó US$3 millones al Partido Nacionalista por encargo de Marcelo Odebrecht para la campaña del 2011.
El financiamiento electoral a Humala por el expresidente venezolano Hugo Chávez y empresas brasileñas –que luego se adjudicaron contratos millonarios con el Estado– ha sido por años materia de controversia. Pero la evidencia y dichos en contra de Humala y Heredia se han acumulado rápidamente con el inicio de sus procedimientos judiciales, incluyendo los cambios de versiones sobre las famosas agendas de Heredia. Más allá del impacto penal que este caso tendrá directamente contra los imputados (es decir, si determina que Humala y su esposa deben ir a prisión), también tendrá un efecto indirecto en otros procesos en los que se viene discutiendo si por lo menos los aportes de Odebrecht en el 2011 deben ser configurados como lavado de activos o constituyen, más bien, infracciones a la ley electoral.
La interpretación que dé el tribunal en este caso, en efecto, podría tener implicancias sobre el proceso que se les sigue a Keiko Fujimori y coimputados. Pero los detalles que distinguen cada situación particular importan. Los acusados se enfrentan a, al menos, 20 años de prisión. Por la notoriedad del caso, se hará un gran favor a la justicia y la institucionalidad nacional si, sea cual fuere el resultado del proceso contra los Humala, la evidencia que lo justifica no deja margen de dudas. Más aún ahora que el proceso se aventura a su recta final después de tantos años.
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