El último sábado, la excandidata presidencial Verónika Mendoza participó en una actividad proselitista en Cusco con integrantes de su partido, Nuevo Perú por el Buen Vivir, que acaba de completar su proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Allí, Mendoza hizo, entre otros anuncios, un llamado a la “insurgencia ciudadana”. “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador; nadie debe respeto a leyes espurias […]. No tenemos por qué rendirle respeto ni ninguna pleitesía a este gobierno y a este Congreso mafiosos; nos tenemos que autogobernar siguiendo nuestros principios del buen vivir”, expresó. Unas palabras sobre las que creemos necesario compartir algunas reflexiones.
La primera es que se trata de un discurso reñido con la democracia. Uno puede ser muy crítico con el gobierno de Dina Boluarte, pero, por supuesto, eso no significa que su origen sea espurio ni que debamos desconocer el hecho de que llegó al poder siguiendo un proceso regulado por la Constitución: el de la sucesión presidencial tras la destitución del expresidente Pedro Castillo –luego de que este diera un golpe de Estado– por parte del Congreso (sobre este último, dicho sea de paso, también se puede renegar de que prácticamente cada semana que sesiona aprueba alguna atrocidad, pero no se puede negar que cuenta con la facultad para legislar que tanto la Carta Magna como los votantes le otorgaron en las urnas en el 2021). La señora Mendoza, sin embargo, busca confundir arteramente “pleitesía” con “respeto” para forzar la idea de que, como el Gobierno no genera nuestras simpatías, entonces es válido desacatar sus mandatos. Un argumento inaceptable en democracia, pero más aún viniendo de quien ha mostrado anteriormente sus aspiraciones de llegar a la presidencia.
Una segunda reflexión, por otro lado, tiene que ver con el oportunismo de la señora Mendoza y de su partido, muy furiosos cuando se trata de cuestionar al gobierno de Boluarte, pero silenciosos mientras el jefe del Estado era Pedro Castillo. Mendoza y compañía no solo se plegaron acríticamente a la candidatura de Castillo y Boluarte –no olvidemos que ambos integraban la misma plancha y suscribían el mismo ideario–, sino que participaron animadamente en el gobierno del profesor, que, como dijimos en este Diario, exhibió desde el inicio una serie de conductas poco transparentes y autoritarias que desembocaron en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y en una retahíla de procesos por corrupción que sigue en pie. Sobre esto, sin embargo, la señora Mendoza no quiere hablar. Solo se limita a decir, como hizo ayer en una entrevista en radio Exitosa (en la que además arrojó sombras sobre el próximo proceso electoral afirmando que, “si permitimos que sigan avanzando como lo están haciendo en el Congreso, no habrá elecciones libres en el 2026″), que este gobierno es peor que el anterior, como si las tropelías de una la exculpasen por el apoyo incondicional que le prestó a la otra.
Finalmente, cabe una última reflexión. Y es el feble respeto por la institucionalidad que la señora Mendoza y su grupo han exhibido en los últimos años. No olvidemos que los que hoy piden desobedecer al Ejecutivo son los mismos que en julio del 2022 pedían que se cerrara el Congreso de manera inconstitucional. Pero, aunque no le guste a la señora Mendoza, la democracia implica respetar los procesos institucionales en ocasiones en las que uno puede estar en desacuerdo con quienes ostentan el poder. De hecho, es especialmente en estas situaciones cuando más se demuestra el compromiso de una persona por la institucionalidad y los procesos. Ello, porque usualmente olvidamos que la democracia depende no solo de las acciones de quienes nos gobiernan, sino también de la manera cómo se comporten quienes dicen estar en la oposición.
Uno puede estar en desacuerdo con este gobierno y este Congreso, pero ello no significa desconocer sus orígenes ni sus mandatos, ni llamar a otros a que lo hagan. Lo contrario es patear el tablero y eso es inadmisible en una democracia.
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