:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/6e84b434-c0be-46b9-aa82-22561eef6ab0.png "Editorial El Comercio")
La caída de un puente en Chancay, que resultó en la trágica muerte de dos personas y dejó varios heridos, pone en evidencia la alarmante situación de la infraestructura en el Perú. Este incidente no es aislado: refleja un patrón de desidia y falta de mantenimiento que ha llevado a que los puentes en el país sean, en muchos casos, estructuras provisionales que no soportan las inclemencias del tiempo.
La falta de atención del gobierno se pone de manifiesto en el hecho de que las autoridades locales ya habían advertido sobre el deterioro del puente de Chancay y otros cinco en la región, sin recibir respuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En la Carretera Central también vemos varios ejemplos de estructuras en mal estado que son potenciales amenazas para quienes las transitan.
Los puentes, no hace falta ni decirlo, no deberían caerse por la crecida de un río. Si lo hacen, es porque detrás existe, en el mejor de los casos, una irresponsabilidad criminal de los encargados de la fiscalización y, en el peor, corrupción pura y dura.
El hecho de que el lugar donde ocurrió la tragedia en Chancay esté muy cerca del megapuerto que fue inaugurado con bombos y platillos por la presidenta Dina Boluarte en noviembre pasado es un recordatorio de que el gobierno muchas veces no actúa como un facilitador del desarrollo, sino más bien como un obstáculo para este. Algo similar ocurrirá el próximo mes, cuando se inaugure el nuevo aeropuerto Jorge Chávez sin que los accesos para llegar a él estén listos.
No tener vías de acceso confiables y puentes que soporten el aumento del caudal de los ríos es crítico porque las lluvias intensas han afectado diversas regiones del país, incluyendo Áncash, donde un huaico causó muertes y daños significativos; Pisco, donde un deslizamiento bloqueó una vía importante; y San Martín, donde más de 50 viviendas quedaron anegadas. Estos eventos no son solo consecuencia del clima; son el resultado de una gestión deficiente que no fiscaliza adecuadamente a quienes se asientan en zonas vulnerables ni garantiza que la infraestructura esté en condiciones seguras.
Es necesario que el gobierno cambie su enfoque y priorice la seguridad de los ciudadanos sobre otros gastos. La urgencia por una infraestructura adecuada es clara; cada año se repiten los mismos problemas sin que se tomen medidas efectivas para solucionarlos y sin que parezca importar el riesgo en el que se pone la vida de los peruanos que no saben si el puente que están cruzando se va a caer o no.
