Tras la divulgación de los “aportes voluntarios” de los trabajadores del despacho del actual presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), con los que se solventaba la publicidad de los proyectos de ley de este último en Facebook e Instagram, el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación preliminar por el presunto delito de concusión. Se trata de una situación inédita en lo que concierne a titulares del Parlamento en funciones, pero la verdad es que con relación al legislador que nos ocupa ya nada sorprende.
Como hemos recordado en este Diario, Soto arrastra cuestionamientos y denuncias por haber votado a favor de una ley que permitió la prescripción de un proceso que tenía abierto en Cusco por estafa y por mentir públicamente al respecto al decir que el proceso estaba archivado cuando emitió el mencionado voto, así como por haber contratado en su despacho a la hermana de la madre de su hijo.
A eso hay que sumarle el hecho de que no declarara antes de postular al Congreso que tenía pendiente una deuda por un caso de difamación que había perdido, el cobro irregular por sesiones de concejo de la Municipalidad de Santiago a las que no asistió cuando era regidor (fue sentenciado por ello al pago de una indemnización de S/20.642, de los que solo llegó a desembolsar S/1.000) y la reciente revelación de que sus trabajadores son alentados a defenderlo en las redes desde cuentas falsas.
Por último, pero no por ello menos importante, existe la circunstancia de que la Corte Superior del Cusco ha aceptado esta semana el pedido de la empresa Waynapicchu para iniciarle un juicio oral por el pago de una reparación civil a propósito del caso de estafa ya prescrito en lo penal (gracias a la ley por la que él mismo votó).
El trance por el que Soto atraviesa es tan grave, que hasta en las bancadas que apoyaron su elección como presidente del Legislativo comienzan a notarse fisuras y divisiones con respecto a la posibilidad de censurarlo. Contrástese, por ejemplo, las declaraciones sobre el particular de los parlamentarios fujimoristas Arturo Alegría y Patricia Juárez. Mientras el primero ha sentenciado: “Fuerza Popular no va a apoyar la moción [de censura impulsada por el congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú Roberto Sánchez]”, la segunda ha deslizado: “Nosotros como bancada evaluaremos si la apoyamos o no”. Acerca de la situación de Soto, Juárez ha señalado además que “es complicado que todo el tiempo le estén apareciendo nuevas denuncias”. Y, por otra parte, se diría que lo único que contiene a la bancada de Renovación Popular de adherirse a la ya mencionada moción de censura es el hecho de que esta es promovida por un representante que carga cuestionamientos tanto o más serios que los de Soto.
El titular del Legislativo está, pues, contra las cuerdas. Pero, al parecer, no termina de comprenderlo. Se aferra al cargo con una vehemencia que podría hacer más dramática su eventual caída y reparte palos de ciego a la prensa que divulga los problemas que lo cercan. Dos días atrás, durante una entrevista con un medio cusqueño, aseveró: “Creo que los periodistas de la capital creen que podían doblegarme con informaciones tendenciosas y calumniosas”. Para luego agregar: “Poco o nada me interesa lo que ellos digan; los periodistas no votan en el Congreso”. Una afirmación que también podría haber lanzado a propósito de la ciudadanía en general. Pero aunque él piense que las únicas opiniones gravitantes con relación a la dificultad en que se encuentra son las de sus 129 colegas, podría llevarse pronto una ingrata sorpresa.
Si la lluvia de acusaciones continúa y él sigue respondiendo con ataques antes que explicaciones, no sería raro que un número suficiente de miembros de la representación nacional decidiese en un futuro cercano sacrificarlo como expiación simbólica de todas las tropelías que ellos mismos han protagonizado últimamente. De estar contra las cuerdas a recibir un KO, después de todo, hay muchas veces solo un suspiro.
WUF
