El fin de una crisis diplomática

Con el salvoconducto que el gobierno de Keiko Fujimori entregó a Betssy Chávez para que viajara a México la medianoche de este viernes, se cierra –por fin– un episodio que jamás debió durar tanto. Desde el 3 de noviembre del 2025, la expresidenta del Consejo de Ministros y excongresista permaneció asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima, protegida día y noche por un cordón policial, mientras la relación bilateral entre dos países con una agenda compartida quedaba congelada por casi nueve meses. Todo por una figura política sin mayor relevancia.

Vale recordar cómo llegamos hasta aquí. Solo a alguien como al golpista expresidente Pedro Castillo se le pudo ocurrir designar como jefa de su Gabinete a una persona acusada de plagiar buena parte de su tesis de abogada, y censurada meses antes como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo por su manifiesta incapacidad de gestión. Chávez no fue una espectadora pasiva del golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022: integró el círculo más cercano al exmandatario y coordinó activamente el intento de cerrar el Congreso y quebrar el orden constitucional. La justicia así lo estableció el pasado 27 de noviembre, cuando la Corte Suprema la condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión como coautora del delito de conspiración para la rebelión. No era la primera vez que enfrentaba la privación de su libertad: entre junio del 2023 y setiembre del 2025 ya había permanecido en prisión preventiva mientras se le investigaba por los mismos hechos.

Que haya obtenido asilo político y abandonado el país no la exime de esa condena ni limpia su responsabilidad. Pero si bien el asilo que le permitió salir es –como se advirtió en estas páginas– una “alevosa obstrucción a la justicia peruana”, su partida al menos elimina el obstáculo que impedía normalizar los vínculos diplomáticos con México. Ningún funcionario, por más protagonismo que se le haya dado, puede tener la capacidad de mantener como rehén la política exterior de dos estados. Porque la decisión de otorgar el salvoconducto no fue una improvisación sino la conclusión tras evaluar las diversas alternativas sobre la mesa: concederlo, tras sopesar las opciones, resultó el desenlace inevitable de esa ponderación.

El anuncio simultáneo del restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas, con la próxima designación de nuevos embajadores, confirma que el país recupera el rumbo que el capricho castillista había torcido. Porque el daño de aquel gobierno fallido no se agota en un intento de golpe: se extendió a cada rincón del Estado, que fue copado por la improvisación y por una retórica divisiva entre “el pueblo” y “la élite” que solo buscaba exacerbar el hartazgo ciudadano. La partida de Chávez cierra otro capítulo de ese desastre.

Y es que, comparado con lo que realmente importa en la agenda binacional con México, conceder el salvoconducto –por indignante que resulte ver salir a una golpista condenada– es el menor de los males: evita sostener una ruptura diplomática que perjudica a miles de peruanos, cierra un capítulo tóxico de la política interna y devuelve al país el control de su agenda exterior sin que ello signifique convalidar el golpe de Castillo ni estar de acuerdo con el asilo otorgado por Sheinbaum ni ignorar el precedente nefasto que su fuga deja para la justicia peruana.