El último colibrí

La irresponsabilidad del Gobierno al permitir que la minería ilegal ingrese al espacio de las Líneas de Nazca merece más que una llamada de atención.

Por si a alguien le quedaba dudas sobre el compromiso del gobierno en la lucha contra la minería ilegal y su avance en zonas protegidas, el Ministerio de Cultura (Mincul) se encargó de despejarlas a finales del mes pasado. En pleno debate público sobre la ley que regula la minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE), y con el país en vilo por el aumento de la violencia asociada a la actividad en La Libertad, el ministerio consideró apropiado ceder a una demanda de larga data de mineros informales: reducir notablemente la extensión de la zona protegida en la reserva arqueológica de las líneas de Nazca. El espacio será ahora 42% más pequeño.

De acuerdo con el informe publicado hoy en este Diario, el cambio pondría a los mineros ilegales a tiro de piedra de algunos de los restos arqueológicos más emblemáticos del Perú. De hecho, la situación parece aún más grave: en el espacio intangible original hay 728 registros de derechos mineros en trámite y 596 derechos mineros titulados. Decenas de nuevos petitorios de derechos mineros se han presentado a partir de la reducción del área protegida.

Las explicaciones del Mincul han sido poco convincentes, por decir lo menos. El titular de la cartera, Fabricio Valencia, arguyó que el área protegida era demasiado grande, y que “sesudos estudios por más de 20 años” indicaban que no había mayor riesgo. Sus argumentos guardan eco con los realizados poco antes por la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) frente a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Representantes del Colegio de Arqueólogos del Perú, en cambio, apuntan que la supuesta ausencia de restos arqueológicos en la zona responde a la falta de recursos para ampliar las áreas de búsqueda y estudios. Si se permiten actividades extractivas, cualquier vestigio desaparecerá antes de ser hallado, y todo apuntaría a que existen muchos -quizá la mayoría- en esta situación.

Pero aún si las razones del Mincul fueran sólidas, vale la pena preguntarse si es este el mejor contexto para ceder a viejas demandas de mineros informales que operan en la zona. La torpeza política es evidente. En realidad, con esto, el Gobierno abre enormes dudas respecto de qué lado está en la lucha contra este mal. El problema es que ahora el turno para corregir o sancionar políticamente el error corresponde a un Congreso que tampoco se ha mostrado especialmente opuesto al avance de esta actividad ilegal