"El costo para el país de este tipo de procesos es inconmensurable, no solo en términos de crecimiento económico y de oportunidades de progreso perdidas". EFE/Sebastián Castañeda
"El costo para el país de este tipo de procesos es inconmensurable, no solo en términos de crecimiento económico y de oportunidades de progreso perdidas". EFE/Sebastián Castañeda
Editorial El Comercio

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Para cualquiera que haya estado prestando atención a la política peruana de las últimas décadas, la calidad deliberativa del actual no debería venir como una sorpresa. Tras un proceso electoral apresurado, con partidos desorganizados y débiles que competían para completar un corto período legislativo sin posibilidad de reelección, y una ciudadanía decepcionada de la política nacional, solo había en realidad un resultado posible.

El proceso de elecciones congresales al que nos encaminamos ahora es diferente en varios sentidos que podrían mejorar sus resultados. El tiempo para organizarse internamente permite a los partidos más preparación; y a los votantes, mejor selección de candidatos. La presencia de elecciones presidenciales simultáneas, con el candidato a presidente como figura central del partido, promueve cierta unidad y consistencia en el grupo. El período regular de cinco años en el cargo debería también atraer a algunos aspirantes a congresistas más preparados.

Aun así, con lo visto hasta el momento, lo cierto es que es muy probable que la calidad de la representación nacional vuelva a ser materia de decepción. De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mañana se cumple el plazo para que los partidos notifiquen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) las listas de aspirantes a la presidencia, vicepresidencia, Congreso y Parlamento Andino. Por ello, se han publicado ya diversas listas de precandidatos.

Como era previsible, las listas son una muestra clara de la precariedad de los partidos políticos, en particular, y de la institucionalidad del país, en general. En varias organizaciones abundan los precandidatos con nula experiencia o trayectoria política. Algunos de estos tienen notoriedad popular suficiente para aspirar a un cargo público relevante, lo que incrementa las probabilidades de que ocupe una curul alguien que no necesariamente tiene las competencias para ello.

A saber, cualquier peruano de nacimiento mayor de 25 años que pueda sufragar tiene derecho a ser elegido. Es su prerrogativa constitucional. Los partidos políticos, sin embargo, tienen la responsabilidad de preparar y filtrar a sus mejores cuadros para otorgar a la ciudadanía opciones maduras y adecuadas. Este no fue el caso en las elecciones anteriores, y tampoco parece que vaya a ser en estas.

La prohibición de la reelección congresal hizo un daño enorme a la posibilidad de contar con legisladores experimentados que construyan una carrera política efectiva, pero está lejos de ser la única causa del descalabro que se avizora. Sin una reforma política seria, los partidos ya languidecían cuando las acusaciones de corrupción golpearon severamente a varios. El resultado final ha sido dispersión, anomia y caos. Una cuota de improvisados y advenedizos es normal en cualquier elección; el problema es cuando estos son la regla y no la excepción.

El costo para el país de este tipo de procesos es inconmensurable, no solo en términos de crecimiento económico y de oportunidades de progreso perdidas, sino en la consistente erosión de la confianza en el sistema democrático que ocasionan. Cuando cada Congreso se percibe más inadecuado que el anterior, el balance de poderes se trastoca profundamente, y el país ha sido testigo reciente de ello. Entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre próximo, los partidos elegirán finalmente a sus candidatos y la ciudadanía debe estar atenta a las opciones que nos entregarán. Primero será su responsabilidad de elegir, pero luego será la nuestra.

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