"Es cierto que se le debe exigir la máxima transparencia al JNE, pero no se puede pretender que la máxima autoridad actúe con una pistola en la sien". (Ilustración: Giovanni Tazza).
"Es cierto que se le debe exigir la máxima transparencia al JNE, pero no se puede pretender que la máxima autoridad actúe con una pistola en la sien". (Ilustración: Giovanni Tazza).
Editorial El Comercio

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“Creemos que las , en defensa del Orden Constitucional, no podrían aceptar a un Jefe Supremo ilegítimamente investido producto de un fraude o por decir lo menos de irregularidades muy serias y notorias presentadas en este último proceso electoral”, reza una carta firmada por decenas de oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, dirigida a los actuales altos mandos de esta organización. Un claro e inaceptable llamado al que ningún país democrático debe consentir.

Como se sabe, la segunda vuelta de las del 2021 viene siendo la génesis de una profunda polarización en el país. Enfrentó, por un lado, a una candidata cuyo desempeño político en los últimos cinco años propició innumerables crisis políticas (por la actitud adoptada por la bancada mayoritaria que ella lideró entre el 2016 y el 2019) y, por otro, a un aspirante a la presidencia cuyas propuestas, en más de un sentido, pueden suponer un daño grave al Estado de derecho en nuestro país. Este último, un tópico que hemos discutido hasta la saciedad desde esta página, con el objetivo de que, llegada la hora de votar, los electores pudiesen tener todos los argumentos a la mano para tomar una decisión.

Es posible, empero, que el resultado de los comicios del 6 de junio arroje como ganador a , a pesar de las advertencias y, en gran medida, gracias a los deméritos de su contrincante. Sin embargo, más allá de cualquier reparo que se pueda tener hacia la propuesta política del potencial ganador y de lo que esta puede representar para nuestro país, las voluntades ciudadanas han sido expresadas y deben ser escrupulosamente respetadas.

Los llamados a velar por esto último, y así lo ordena la Constitución, son las autoridades electorales. En especial el , quien, luego de resolver las dudas que persisten sobre algunas actas electorales, tendrá que proclamar un ganador y eso debe quedar claro. Ahora, ello no quita que el Jurado haya tomado decisiones cuestionables, como las marchas y contramarchas a propósito de la ampliación de los plazos para presentar nulidades. Tiene que actuar a la altura de las circunstancias.

Es innegable que existen dudas sobre el desarrollo de la segunda vuelta. No obstante, para que estas puedan ser definidas como consecuencia de un “fraude sistemático”, como alega la misiva que nos ocupa, faltan pruebas que hasta ahora no existen. Y que, si existiesen, tendrían que ser procesadas siguiendo las vías que la Constitución dispone, no la fuerza y las armas. Esto último solo destruiría el orden democrático y le restaría aún más legitimidad a quien eventualmente vaya a ser ungido como jefe del Estado.

Es cierto que se le debe exigir la máxima transparencia al JNE, pero no se puede pretender que la máxima autoridad actúe con una pistola en la sien. Eso no es y el golpe de Estado no es una facultad que la Carta Magna le confiera a ningún grupo, ni aquí ni en ninguna parte del globo.

El Comercio, con 182 años trabajando por el Perú, siempre ha estado y siempre estará en contra de cualquier quiebre del orden democrático. Es saludable, en ese sentido, que el presidente Francisco Sagasti haya sido enfático al cuestionar la actitud de las personas que firmaron la carta en cuestión. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas cumplen un rol muy valioso en nuestra democracia como para pretender que su trabajo se percuda con golpes de Estado. Muchos de sus miembros –algunos de los cuales son firmantes de la mencionada carta– pusieron su vida en riesgo para defendernos del terrorismo que nos atacaba, y fue gracias a ellos que hoy vivimos en paz. Pero siempre hay que defender el Estado de derecho y cerrarle el paso a cualquier amenaza golpista, sea de donde venga.