(Ilustración: Giovanni Tazza)
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Editorial El Comercio

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De acuerdo con información del del semestre julio-diciembre del 2020, 21,6% de la población urbana fue víctima de un acto delincuencial durante ese período. Al 11,2% se le atacó para robarle dinero, el celular o la cartera. A 3,1% se le estafó, a 1,5% se le amenazó o intimidó y el 1,7% sufrió un crimen de maltrato u ofensa sexual. Solo 16,1% de los afectados denunció lo ocurrido ante las autoridades. Otro 34,7% no lo hizo porque lo consideró una pérdida de tiempo, 12,5% porque desconfía de la policía.

Como demuestran estas cifras, la inseguridad ciudadana es un serio problema en el país y materia de comprensible preocupación para los peruanos. Y si a los delitos comunes se le añaden crímenes más graves, como los asesinatos, los feminicidios, el terrorismo y el narcotráfico, el panorama que deberá enfrentar el próximo gobierno es desolador. Sin embargo, se trata de una responsabilidad de la que el nuevo Poder Ejecutivo no puede correrse y el remedio de esta situación demanda, además de voluntad política, una dosis importante de creatividad y solvencia técnica.

Los objetivos en torno a este trance son claros, aunque difíciles de alcanzar. Quizá el más importante concierne a la Policía Nacional, una institución duramente golpeada por la pandemia (525 policías muertos y más de 39 mil contagiados en el 2020) que, además, merece ser sometida a un proceso de reforma y modernización profundo no solo para que cuenten con los mejores pertrechos para hacer su trabajo, sino también para que estén preparados para hacerlo (técnica y éticamente) y para que la gente confíe en sus capacidades. Para ello también es importante fortalecer el trabajo de investigación y, dado el alto número de feminicidios registrados anualmente (132 en el 2020, según la Defensoría del Pueblo), capacitar a los oficiales para lidiar con la violencia de género.

Asimismo, es evidente que el trabajo de inteligencia debe apuntalarse, para desbaratar las bandas criminales, mafias (muchas veces enquistadas en el Estado) y, en zonas como el Vraem, para poder anticipar los atentados que el ligado al tenga planeado cometer. Lo ocurrido el 23 de mayo, con remanentes de Sendero Luminoso baleando a 16 personas en Vizcatán del Ene, es una terrible muestra de los estragos que este grupo sigue causando en el país.

Los candidatos que disputan el balotaje, y , tienen aproximaciones muy distintas a la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y así como se diferencian en aquello que tienen planeado hacer, también hay importantes brechas en la minuciosidad que cada postulante le ha inyectado a la materia en su plan de gobierno.

La representante de Fuerza Popular, por su lado, se refiere a una serie de medidas específicas. Habla, por ejemplo, de fortalecer las comisarías y de mejorar la calidad de la formación de los policías. Asimismo, plantea “acabar con los remanentes terroristas de Sendero Luminoso de los Quispe Palomino” en el Vraem y enfrentar la siembra ilegal de coca. Como hemos dicho antes, el anuncio del señor Fernando Rospigliosi en el debate técnico de que van a “exterminar a los terroristas del Vraem en los primeros seis meses”, parece demasiado optimista, pero la verdad es que el plan profundiza más en el tema que el de sus adversarios.

De hecho, basta con echar un vistazo a cómo empieza el capítulo de seguridad ciudadana del plan de gobierno de Perú Libre para notar dónde están sus tropiezos. “La inseguridad ciudadana en el libre mercado es un negocio altamente rentable”, asegura, un diagnóstico ideologizado. Y, en general, la propuesta del partido del lápiz es bastante escueta en este terreno. Sobre ello, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés ha dicho: “Es una lista acotada [de propuestas], pequeña, que no da cuenta de la inmensidad del problema ni de las relaciones con otras entidades de gobierno en el interior de la institución policial”.

Empero, más allá de ello, lo que verdaderamente preocupa del papel del señor Castillo ante la inseguridad son los vínculos de su entorno con grupos que representan, literalmente, lo opuesto al orden interno. Hay, por ejemplo, 249 militantes de Perú Libre que figuran en los planillones del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. Al mismo tiempo, el postulante a la presidencia ha asegurado que indultará a Antauro Humala (un criminal preso por su papel en el homicidio de cuatro policías en Andahuaylas). Además, uno de los congresistas electos por su agrupación está siendo procesado por terrorismo.

Ante esta circunstancia, se esperaría, cuando menos, que se compense con un plan ambicioso para liberar el Vraem de terrorismo y narcotráfico, pero el documento presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones apenas menciona una vez la zona en cuestión.

Como hemos dicho a lo largo de esta serie de editoriales temáticos, la próxima persona que ejerza la Presidencia de la República tendrá mucho trabajo por hacer para remediar los problemas de sectores postergados desde hace mucho. La seguridad ciudadana es uno de ellos, el cual, a pesar de cómo afecta a la ciudadanía, no ha experimentado cambios sustanciales. El bicentenario tiene que motivarnos a alcanzar un país menos inseguro.