No era necesario

La Ley de Organizaciones Políticas establece que un partido puede ser declarado ilegal bajo tres supuestos: i) cuando promueva o justifique los atentados, la exclusión o la persecución de personas, o cuando legitime el uso de la violencia para fines políticos; ii) cuando apoye políticamente a quienes practiquen el terrorismo o contribuya a difundir los efectos de este; o iii) cuando apoye a organizaciones que practiquen el terror y/o el narcotráfico. Supuestos bastante elevados, a decir verdad, pues lo que está en juego no es poca cosa: de un lado, el derecho a la participación política de miles de afiliados y sus seguidores y, del otro, el deber de proteger la democracia de quienes buscan destruirla desde adentro. Por ello, pese a que la norma data del 2003, solo ha sido aplicada una vez: para disolver al partido de Antauro Humala por razones bastante claras que ya hemos desarrollado en este Diario.

Ahora, sin embargo, dicha ley ha sido invocada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para iniciar diligencias contra otros dos partidos: Fuerza Popular y País para Todos (que tiene entre sus militantes al cómico Carlos Álvarez). La noticia, para variar, se conoció un día después de que la presidenta convocara a elecciones, lo que ha sembrado entre la ciudadanía la duda de si estas organizaciones competirán en la contienda, considerando además que sus posibles candidatos sobresalen en las primeras encuestas que se han hecho.

En el caso del partido fujimorista, la denuncia interpuesta por una ciudadana sostiene que este ha incurrido en conductas antidemocráticas: habría recibido aportes irregulares en la campaña del 2011 (un caso que se encuentra judicializado), habría tratado de desconocer el resultado de las últimas elecciones, y uno de sus exafiliados (Kenji Fujimori) negoció votos en el 2016 para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Mientras que, en el caso de País para Todos, el denunciante (un exmilitante de Antauro) señala que las propuestas de Álvarez de aplicar la pena de muerte a los violadores de menores o de expulsar a los extranjeros que cometan delitos estarían “promoviendo el odio y la violencia”. Fundamentos que, a decir verdad, lucen insuficientes para cumplir los supuestos (como mencionamos, bastante elevados) que la norma establece.

Por ello, es probable que ambas denuncias terminen en el archivo. Sin embargo, el solo hecho de que la fiscal de la Nación haya considerado que es necesario iniciar diligencias para llegar a esa conclusión ha complicado un proceso electoral que ya se anticipa caótico y ha vuelto a tensar la relación entre poderes en un momento en el que necesitamos más que nunca la coordinación entre ellos para tener unas elecciones que reflejen la voluntad del ciudadano, no su confusión.

Mesura y responsabilidad, por favor.