Desprotegidos

“Voy a ser claro contigo… estás que maleteas mi obra en Huaraz. Una más y mueres”. Este es el mensaje que recibió la periodista Gudelia Gálvez Tafur, directora del medio Huaraz Noticias, hace una semana. Se trata de una amenaza directa, como cualquiera podría darse cuenta; cualquiera menos la policía, que se negó a aceptar la denuncia de Gudelia porque no se trataba de un “hecho consumado”, como si estuvieran esperando a que detonasen un explosivo en su domicilio o disparasen contra ella para recién actuar.

Quizás los efectivos que se negaron a dar trámite a la denuncia no estén enterados de que este año dos periodistas fueron asesinados por sicarios. El primero de ellos, Gastón Medina, fue tiroteado afuera de su domicilio, en Ica, el 20 de enero. Al segundo, Raúl Celis López, le pasó lo mismo mientras acudía a su centro de trabajo, en Iquitos, el 7 de mayo. En ninguno de los dos crímenes, la fiscalía ha logrado identificar al autor intelectual, en lo que sugiere una alarmante desidia por resolverlos.

Este desgano contrasta con la actitud que el Ministerio Público ha mostrado cuando los periodistas están del otro lado: el de los acusados. La semana pasada, el exministro del Interior Juan José Santiváñez denunció a un equipo de Latina Televisión por un reportaje en el que se mostraron las reuniones que sostiene con altos mandos del gobierno, bajo acusaciones de “reglaje”. La denuncia no tiene ni pies ni cabeza, pero ello no ha evitado que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina iniciara una investigación preliminar por 60 días. Esta semana, por otro lado, un magistrado abrió investigación contra cinco periodistas de Willax por supuestos delitos de acoso, violación de domicilio y banda criminal, en agravio de la fiscal Marita Barreto.

No importa si estas pesquisas terminan en condenas o no (según la Asociación Nacional de Periodistas, alrededor del 80% de los periodistas procesados anualmente acaba absuelto), porque el objetivo es otro: intimidar a quienes se dedican a informar, tenerlos años acudiendo a citaciones fiscales, gastando dinero en abogados, distrayéndolos de sus actividades profesionales…

Desde este Diario hemos abordado en incontables ocasiones el poco (por no decir nulo) aprecio hacia la prensa que comparten tanto Ejecutivo como Congreso. Si a ellos les sumamos los operadores de justicia, tan renuentes a aceptar las denuncias de periodistas extorsionados o descubrir la identidad de quienes atentan contra ellos, pero tan solícitos para abrirles investigaciones (en un contexto en el que los legisladores se aprestan a endurecer las penas por difamación y calumnia), el panorama del periodismo peruano es el de una desprotección absoluta, el peor posible a puertas de una campaña electoral.