La tragedia de Pataz, en la que 13 trabajadores mineros fueron asesinados brutalmente hace casi un mes, no es un caso aislado sino la punta del iceberg de una crisis nacional que el Estado Peruano ha demostrado ser incapaz de controlar. La realidad es devastadora, pues según la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental al menos 10 zonas del país reúnen las mismas condiciones para convertirse en nuevos Pataz.
Estas áreas críticas, según reveló un informe de El Comercio, incluyen Ayabaca en Piura, Condorcanqui en Amazonas, diversos distritos en Áncash, Datem del Marañón en Loreto, Cotahuasi en Arequipa, La Pampa en Madre de Dios, Tambobamba en Apurímac, Sandia y Carabaya en Puno, Puquio en Ayacucho, y la Reserva Comunal del Sira en Ucayali.
Las cifras al respecto son realmente alarmantes. En los 10 años, entre el 2013 y el 2023, la minería ilegal generó US$8.216 millones, superando significativamente al narcotráfico, que alcanzó US$640 millones. La actividad ilegal se ha expandido a 32 distritos amazónicos y afecta 22 ríos en cinco regiones. Asimismo, las pérdidas económicas que deja esta actividad equivalen a más de S/22.700 millones.
Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente. Las medidas adoptadas tras la masacre de Pataz –suspensión temporal de actividades mineras, estados de emergencia y toques de queda– no han servido para controlar la situación. De hecho, en lugar de enfrentar esta actividad ilícita, el Estado en su conjunto parece no tener problema en reducir en 30% en los últimos cinco años el presupuesto para combatirla.
Pero el desinterés del Estado no concluye ahí, puesto que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) –creado para incentivar a que los mineros informales dejen de serlo–, lejos de ser una solución, perpetúa el problema. La reciente Ley 32213 no solo amplió su vigencia, sino que ahora su reglamento permite a los inscritos transferir sus derechos a herederos, creando un sistema de privilegios hereditarios que legaliza la informalidad.
Mientras el Ministerio de Energía y Minas anuncia que el 2026 se extinguirá el Reinfo, la realidad muestra que las economías criminales ganan terreno. Cada día, 22 volquetes cargados de mineral sin trazabilidad salen de La Libertad, y organizaciones criminales controlan territorios con mayor autoridad que el Estado.
Las autoridades deben implementar un sistema de trazabilidad del oro con tecnología satelital, triplicar el presupuesto de las fiscalías ambientales y eliminar los vacíos legales que permiten lavar mineral ilegal. De lo contrario, el Perú quedará secuestrado por mafias que ya están por gobernar 10 zonas como Pataz. La situación exige acciones concretas para no terminar en las manos de la minería ilegal.
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