Escolaridad sin niños

Los sueldos de los funcionarios deben estar basados en su nivel de competencia y responsabilidades. Sin embargo, en su determinación uno de los atributos centrales debe ser también la transparencia. Y es eso posiblemente lo que más incomoda de los escandalosos bonos por escolaridad que reciben hoy los funcionarios del Congreso.

Según reportó ayer la Unidad de Investigación de El Comercio, por este concepto el Parlamento ha destinado más de S/36 millones a repartirse entre asesores, oficiales y trabajadores en general. La práctica no es nueva. En su forma actual, tiene al menos un cuarto de siglo. Pero su costo ha subido significativamente en línea con el aumento de sueldos y el número de funcionarios, además de convenios colectivos y la incorporación de más cargos de confianza. En concreto, en enero cada trabajador recibe un sueldo mensual adicional. Por ejemplo, auxiliares de comisión tienen un depósito adicional por S/3.146, mientras que el oficial mayor del Congreso obtiene S/27.581. No importa si el funcionario tiene hijos o no. Vale notar que, en buena parte del resto del aparato estatal, el bono por escolaridad será este año de S/400. Otros recibirán apenas S/100.

Evidentemente, en la práctica esto se trata de un incremento de sueldo para los trabajadores del Congreso, solo que encubierto bajo otro concepto. Algo similar sucede con los gastos de representación de los congresistas. En principio, decíamos, una remuneración adecuada y competitiva en el sector público no tiene nada de malo. El problema es distorsionar conceptos, esconder ingresos y crear desbalances frente a otras instituciones que no tienen la facultad de asignarse su propio presupuesto anual.

La situación tiene dos complicaciones adicionales. La primera es que diversos partidos en el Congreso enfrentan varias acusaciones por contratar personal que estaba lejos de cumplir el perfil técnico esperado. Es decir, no solo se encubren los pagos extra, sino que los reciben quienes llegaron al puesto más por contactos políticos que por competencias profesionales. La segunda es que el Congreso, por su propia naturaleza, enfrenta una presión política constante de aumentos de salario en el resto del sector público. En vista de lo anterior, ¿con qué autoridad podrá negar incrementos a otros funcionarios –aduciendo, por ejemplo, responsabilidad fiscal– si por su lado aprovechan cada espacio para engrosar sus propias cuentas personales?

La pronta introducción del Senado podría ser buen momento para revisar estos desequilibrios y sincerar cuentas. Porque la alternativa es continuar transmitiendo la misma imagen de frivolidad y desvergüenza frente a la ciudadanía que transmiten hoy.