Editorial: Estado ombligo

En ocasiones, cuando se habla del funcionamiento del Estado, es muy fácil confundir los medios con los fines, la forma con el fondo. Sucede cuando se pierden de vista los canales institucionales, cuando se impone el aplauso sobre el criterio técnico y cuando se soslaya el fin último del servicio al ciudadano para privilegiar los medios estatales.

En la última semana se ha visto un poco de todo esto. El jueves pasado el pleno del Congreso aprobó incrementar el pago de CTS a los trabajadores de Essalud, en una iniciativa que el Ejecutivo calcula tendrá un costo adicional de S/700 millones en los próximos tres años. Fiorella Molinelli, presidenta de Essalud, afirmó que la consecuencia sería el retraso en la construcción de los hospitales de Chimbote, Puno, Cajamarca y Piura, y de otras obras pendientes.

Pero más allá del aspecto financiero concreto de esta medida, preocupa el modo y el precedente. El Ejecutivo, a través del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, ha advertido ya que observará la autógrafa debido a que se trataría de una iniciativa de gasto de parte del Congreso y que ello escapa a sus competencias. No es la primera vez, además, que el Legislativo parece exceder sus foros en cuanto a transferencias del fisco se refiere: hace no mucho el gobierno presentó al Tribunal Constitucional una demanda contra la ley sobre pensiones militares y policiales. En marzo de este año, el MEF estimó que las iniciativas de gasto que estaban en debate en el Congreso le costarían al país S/4.591 millones o 0,7% del PBI.

Por otro lado, el mismo jueves, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, anunció que a partir de marzo del próximo año se otorgará un aumento de S/100 al piso salarial de los docentes nombrados y contratados a nivel nacional. De este modo, el mínimo se eleva de S/2.000 al mes a S/2.100. El incremento viene como parte del compromiso del Ministerio de Educación (Minedu) de evaluar un piso salarial de una UIT (S/4.150) hacia el 2021.

Este último compromiso, no obstante, se ve a todas luces inviable sin comprometer seriamente el presupuesto público. De acuerdo con el mismo Minedu, llegar a una UIT de piso salarial costaría S/12.000 millones adicionales por año, equivalente a casi 7% del presupuesto nacional o a todo lo invertido en lo que va del año en los sectores salud y vivienda sumados. Más preocupante aún: los incrementos se llevan a cabo sin correlación con el rendimiento docente o educativo.

Y es este el punto principal del problema. El Estado debe tener profesionales adecuadamente remunerados, pero el eje de las políticas públicas de salud y educación no son los trabajadores de Essalud ni los profesores: son los pacientes y los estudiantes. Cualquier incremento en los recursos destinados a estos sectores debe tener como fin último mejorar la calidad de los servicios de salud y educación; por el contrario, incrementos desvinculados de consideraciones meritocráticas, productivas o de desempeño, que parecen más orientados a apaciguar demandas de grupos de presión organizados, cuestan caro y no necesariamente traen mejores resultados.

La política es un ejercicio difícil, sujeto a presiones legítimas e ilegítimas que en ocasiones confunden el norte del aparato estatal. Recordar siempre que, después de todo, el sector público existe para servir al ciudadano y no a sí mismo puede ayudar a diseñar mejor los usos de un presupuesto siempre escaso.