Editorial: Violencia de nunca acabar

Ayer, luego de pasar más de un mes en cuidados intensivos, Eyvi Ágreda, la mujer de 22 años a quien un hombre que la acosaba roció con gasolina y prendió fuego dentro de un bus en Miraflores, falleció por una infección generalizada. Su cuerpo, sometido a varias intervenciones quirúrgicas, no soportó las quemaduras de tercer grado que le dejó el ataque.

Su fallecimiento, como era de esperarse, generó conmoción y despertó –una vez más– un llamado urgente a incrementar los esfuerzos en la lucha contra la violencia de género en el Perú. Pues, si bien el crimen cometido contra Eyvi fue particularmente estremecedor por su brutalidad, no es el único caso de feminicidio que hemos presenciado en los últimos años.

Por desgracia, la lista es larga. Solo para abril de este año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ya ha registrado más de 100 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, y más de 3.000 episodios de violencia sexual contra mujeres en este 2018. De estos últimos, además, 2.266 involucraban a menores de edad. Y en todo el 2017, vale recordar, los centros de emergencia mujer (CEM) del MIMP registraron la escalofriante cifra de 368 feminicidios o tentativas. Es decir, una mujer cada día.

Pero las muertes y los ataques no son la única cifra que ilustra el problema. Según un estudio del INEI difundido en marzo, el 65,4% de las peruanas ha sufrido alguna vez violencia, sea esta de corte psicológico, físico o sexual, en toda su vida.

Y si bien es cierto es positivo que en los últimos tres años la activación de movimientos como Ni Una Menos haya ayudado a poner el tema sobre escena, no es de esperar que la situación vaya a cambiar mientras no exista una respuesta efectiva y acompasada por parte del Estado y de otros sectores, como la prensa o los organismos de la sociedad civil (que deberían abandonar la actitud reactiva y empezar a aportar más propuestas).

La responsabilidad también alcanza al Poder Judicial. ¿Porque si no cómo digerimos que –según un estudio de la Defensoría del Pueblo elaborado en base a expedientes judiciales– el 33% de las víctimas de feminicidio en el 2015 ya había denunciado previamente a su ultimador y el 81% de las que sobrevivieron a los ataques había denunciado amenazas previas? Lo que reseña el drama de aquellas mujeres cuya denuncia se convierte, en ocasiones, en el preámbulo de un trágico desenlace.

La muerte de Eyvi Ágreda no solo impacta por el ensañamiento que mostró su atacante contra ella, sino porque demuestra que las condenas, las promesas de cambio y la retórica no bastan para mejorar la situación.

Se necesita, por supuesto, una legislación más adecuada para atender a las víctimas. Al respecto, urge que el Congreso empiece a legislar cuanto antes sobre el tema, sin caer en los populismos que claman por penas más draconianas. Como ha denunciado este Diario hace menos de un mes, en lo que va de instalado este Legislativo apenas ha aprobado 3 de 29 proyectos de ley sobre violencia contra la mujer y delitos de género. Casi el 90% sigue atorado a la espera de que se revise. Urge, además, que el Gobierno, a través del MIMP, empiece a proponer alternativas más efectivas y que los jueces estén a la altura de la asfixiante situación que atravesamos.

Por otro lado, se requiere reforzar las instituciones, de manera que exista una respuesta óptima desde la policía hasta la fiscalía. Sobre esto, la Defensoría del Pueblo alertó en octubre que el Plan Nacional contra la Violencia de Género (2016-2021) “establece en su artículo 3 que las entidades deben financiar su implementación con presupuesto institucional propio”. El problema con esta disposición es que puede llevar a que las instituciones que cuentan con magro presupuesto no lleguen a implementar las medidas para atender la violencia contra la mujer. No en vano, hace unas semanas, el propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, criticó que la ley sobre violencia familiar “no tiene presupuesto. [...] Trabajamos con lo que tenemos, con esfuerzo de los fiscales”.

En los últimos años, en este Diario hemos escrito y regresado, varias veces, sobre la cruda realidad de la violencia de género que azota al país. Para que la muerte de Eyvi no sea otra más, empero, los datos y los buenos pedidos no bastan. Estos, por sí solos, no van a salvar la vida de las mujeres que todavía pueden denunciar sus situaciones. Es hora de actuar.