Editorial El Comercio

Han transcurrido dos años y casi tres meses desde aquel funesto mensaje a la nación en el que anunció un golpe de Estado en televisión nacional y ante millones de testigos. A lo largo de esta etapa, hemos visto al Poder Judicial desbaratar por lo menos 24 recursos dilatorios con los que el recluso de la Diroes buscaba desesperadamente evitar su inminente juzgamiento.

Finalmente, este martes 4 de marzo llegó la hora de que el tirano frustrado rinda cuentas a la justicia. Fiel a su costumbre, Castillo intentó una última y burda maniobra dilatoria con la que buscaba aplazar la instalación de su juicio oral. Al momento de acreditarse para la audiencia, el acusado que se ha dado el lujo de contratar y despedir a decenas de defensores legales a lo largo de su proceso anunció muy suelto de huesos... que no tenía abogado.

Se trataba, evidentemente, de una descarada artimaña para impedir el inicio de la audiencia. Ante la sala, el golpista ejecutó una maniobra tinterillesca y citó un escrito en el que retiraba como su abogado a Luis Walter Medrano y designaba como defensor legal a Iber Maraví. Pero esto solo con el fin de que Maraví firme el documento, pues a él también lo retiró. Tampoco aceptó ser representado por un defensor público. En síntesis, Castillo se rehusaba a participar en el juicio porque, según sus chapuceros argumentos, el proceso en su contra es “una pantomima”.

Luego de unos momentos de deliberación, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió no ceder ante el ardid y Castillo tuvo a su lado en el banquillo a un defensor público. El juicio oral contra el expresidente y sus exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, fue oficialmente instalado.

Castillo trató de convertir en una farsa el inicio de su juicio oral. La sala que lo procesa no se lo permitió y dejó claro que no tolerará más burlas del procesado. “Este es un juicio penal, no estamos haciendo un juicio político. Merecemos respeto, la justicia merece respeto”, le dijo el juez supremo José Antonio Neyra, presidente del tribunal. Y respeto es justamente lo que no tuvo Castillo con la democracia que quiso quebrar. Ahora le toca enfrentar las severas consecuencias de su intento por destruir nuestro orden constitucional.

Editorial de El Comercio

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