El defensor del Pueblo es uno de los más altos cargos de la función pública. Y la institución a la que representa es fundamental para el Estado Peruano. La Constitución es muy clara al respecto. En su artículo 192 señala: “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía”.
El propio cargo de defensor demanda que quien lo ejerza tenga solvencia democrática y especial prudencia y cuidado cuando se pronuncia o emite declaraciones porque no es portavoz ni tribuna de comentarios políticos controversiales. Por eso son muy irresponsables las últimas declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.
En una entrevista que dio el jueves último, Gutiérrez afirmó que, “si mañana la señora Keiko Fujimori disuelve el Congreso, va a subir, tranquilo, 20 o 30 puntos de su popularidad”. Obviamente, luego intentó minimizar sus dichos afirmando que no alentaba la disolución del Parlamento porque es “demócrata” y cree “en los principios”. Ayer incluso desde la cuenta oficial de la defensoría se emitió un comunicado por las “erróneas interpretaciones generadas” por sus recientes declaraciones, y que en “ningún momento se promovió la disolución de la Cámara de Diputados”. Un comunicado que fue editado, ya que en una primera versión se mencionó que las declaraciones de Gutiérrez “han sido sacadas de contexto” y que hay “una corriente que busca deslegitimar las opiniones del defensor”.
El comunicado, por supuesto, se hizo público tras las numerosas críticas a Gutiérrez, incluidas las de senadores y diputados de distintas tiendas políticas. La misma presidenta Keiko Fujimori rechazó “categóricamente la posibilidad de cerrar el Congreso”.
Gutiérrez debería ser, con sus declaraciones, un garante de los derechos y del orden constitucional, no alguien que desliza ideas peligrosas cuando las nuevas autoridades apenas tienen un mes de gestión. Por supuesto, uno podría dudar de esas “erróneas interpretaciones” si este hubiese sido un desliz aislado de Gutiérrez, pero es uno más en una larga lista de su cuestionada trayectoria política. No hay que olvidarnos de su viaje a Rusia en el 2011 con Alexis Humala, cuando Gutiérrez era congresista electo de Gana Perú; de su condición de abogado de Vladimir Cerrón y sus declaraciones contrapuestas cuando el líder de Perú Libre estaba prófugo; o, ya en el cargo que ostenta, su defensa del derecho a postular de miembros de la agrupación vinculada a Antauro Humala, en la que su hermano estaba afiliado. Esto además de su polémica designación como defensor por el anterior Congreso y sus cambios de filiación o tiendas políticas para postular a cargos de elección popular (Partido Nacionalista, Solidaridad Nacional y Perú Libre).
La defensoría está por cumplir 30 años desde el inicio de sus actividades. En este tiempo, la institución ha cumplido un rol fundamental para defender la democracia y los derechos fundamentales de los peruanos. Sin embargo, Gutiérrez ha manchado esa labor en su gestión. Y sus últimas declaraciones solo ratifican que nunca ha estado a la altura del cargo.
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