Editorial: Fujimoristas por el cambio

Bajo toda estadística existente, resulta claro que la situación por la que atraviesa Fuerza Popular (FP) hoy, tanto en el Congreso como fuera de él, es bastante precaria en comparación con la de hace apenas tres años. En dicho lapso, la bancada naranja pasó de los 73 congresistas a los 55, del 35% de aprobación (según una encuesta de Ipsos-El Comercio de noviembre del 2016) al 13% (enero de este año), su lideresa afronta una prisión preventiva de 36 meses y, según otro sondeo de Ipsos de diciembre, solo el 9% cree que el partido se recuperará de cara al 2021.

La contundencia de los números es inocultable hasta para el más entusiasta seguidor naranja. Quizá por ello, en FP han decidido que ya ha llegado la hora de parar la caída y comenzar a hacer las cosas de manera distinta, y han anunciado una nueva actitud en su desempeño congresal. “Hemos estado muy inclinados hacia nuestra labor de fiscalización y necesitamos cuantificar mucho más el lado legislativo, también abocarnos más hacia el logro de consenso con otros grupos políticos”, ha notificado el último domingo el vocero de la ‘bankada’, Carlos Tubino, luego del cónclave que el grupo celebró en Chincha el fin de semana pasado.

Es cierto que, al tiempo de reconocer los errores propios, siempre resulta oxigenante anunciar un cambio de rumbo. Sin embargo, en el caso de FP valdría la pena detenerse un momento a sopesar cuánto de genuina enmienda hay tras las palabras de Tubino o si estas no son más que simples anuncios rellenos de solo retórica. Habida cuenta de que esta no es, en efecto, la primera vez que FP anuncia un cambio de actitud que nunca llega.

En octubre pasado, por ejemplo, la lideresa del partido, Keiko Fujimori, reconoció que debía terminarse con “esta guerra política”, en la que su agrupación también había tomado parte, para volcarse a elaborar “una agenda de reencuentro nacional” en coordinación con las otras fuerzas políticas. Rápidamente, su alocución fue correspondida con una carta enviada por el congresista Miguel Torres al presidente Martín Vizcarra (en la que le anunciaba que la bancada se pondría “a su disposición para construir una agenda de consenso”) o el anuncio del propio Tubino que, como flamante vocero, prometió: “Vamos a cambiar el tono en la forma de expresarnos”.

Pues bien, en aquella ocasión solo bastaron dos meses para que los llamados al consenso se hicieran trizas. Y ya en diciembre, el mismo Tubino estaba calificando al presidente Vizcarra como “dictador”, al tiempo que anunciaba: “Tenemos que bajar el tono, sí, el presidente también”. Cuando, hasta donde suponíamos todos, la conciliación prometida inicialmente no estaba sujeta a condiciones de reciprocidad previas.

Y es que, no ha sido solo la afiladura de las palabras de sus colaboradores lo que ha perjudicado a FP en los últimos dos años y medio. Ha sido, sobre todo, el manejo poco democrático y abusivo que han hecho de su mayoría congresal para, haciendo solo una brevísima reseña, censurar ministros (como Jaime Saavedra), atropellar la institucionalidad del Parlamento pasando leyes con nombre propio (como la ‘ley Fujimori’) o empujar otras que, a mediano plazo, han sido anuladas por el Tribunal Constitucional (como la ‘ley Mulder’).

Es por esto mismo que, para que su renovado anuncio de cambio se torne verosímil, FP debe pasar de las promesas a las acciones concretas. Y tienen aquí varias reformas que podrían empujar desde su todavía numerosa representación parlamentaria, como la laboral, la política o la del sistema de justicia; así como también retirar algunas leyes observadas por el Ejecutivo que serían perjudiciales para el país, o abandonar el blindaje a otros congresistas o funcionarios cuyos procesos deben seguir su cauce judicial sin cortapisas.

Después de todo, vale recordar que el crédito del que uno dispone para hacer promesas sin cumplir hasta que su palabra pierda credibilidad tiene un límite.