Editorial: Tambores de guerra

A principios de esta semana, la Junta de Portavoces del Congreso definió el cuadro de comisiones para el período legislativo 2019-2020. En buena cuenta, este ejercicio consiste en distribuir las presidencias, vicepresidencias y secretarías de esos grupos de trabajo parlamentario entre las distintas bancadas que forman la representación nacional de acuerdo con el peso que cada una de ellas tiene por el número de legisladores que la integra.

En ese sentido, la formación de nuevas bancadas a lo largo de estos últimos doce meses ha supuesto un reacomodo en la correlación de fuerzas dentro del Parlamento, cuya consecuencia más notoria es la pérdida de la presidencia de tres comisiones por parte de Fuerza Popular (FP). De cualquier forma, sin embargo, el fujimorismo sigue constituyendo, de lejos, el conglomerado más numeroso en el hemiciclo y, en esa medida, le corresponde continuar a la cabeza de diez comisiones ordinarias, entre las que se cuentan algunas tan importantes como Presupuesto, Constitución o Educación.

Como se sabe, la decisión de cuáles de sus miembros presidirán las comisiones bajo su responsabilidad es un asunto interno de cada bancada. Pero no por eso se debe ignorar que tales selecciones son frecuentemente un mensaje político a los competidores electorales, a los otros poderes del Estado o a la ciudadanía en general. Y las que ha adoptado en estos días FP, sobre todo a propósito de Constitución y Educación, no son una excepción.

El fujimorismo, en efecto, ha resuelto colocar en puestos centrales de su brazo congresal a personajes asociados con el más inamistoso de sus rostros en lo que a su relación con el Ejecutivo se refiere. Optar por Milagros Salazar (quien en el chat La Botica llamó al presidente Martín Vizcarra “malnacido”) como vocera de la bancada o hacerlo por Mario Mantilla (quien ha sido uno de los ‘blindadores’ más consistentes del fiscal Chávarry en el Legislativo) como titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales son evidentes gestos de hostilidad hacia el gobierno. Pero insistir con Rosa Bartra en Constitución y espigar de entre todos sus representantes a Tamar Arimborgo para que presida Educación equivale a batir auténticos tambores de guerra frente a las actuales políticas de Estado.

Por un lado, Rosa Bartra se ha caracterizado por imponer a la discusión y eventual aprobación de las reformas políticas y del sistema de justicia impulsadas por el Ejecutivo un ritmo controvertido –a veces por lento y otras por vertiginoso– en la comisión que seguirá encabezando.

Y por otro, la señora Arimborgo ha sido el emblema casi caricaturesco de la resistencia contra la “ideología de género” que supuestamente intoxicaría toda la política educativa de los últimos años. Con sentencias como: “Con Saavedra y sus sucesores, la perversión de nuestra infancia se convirtió en plan de estudios, currículo escolar, material de estudios, texto educativo y lo coronó con el link cubano de iniciación homosexual”, o proyectos de ley en los que sostenía que la mentada ideología podía acarrearles a la niñez y a la juventud “efectos negativos como el sida y el cáncer”, Arimborgo se mostró como una exorcista empeñada en una guerra santa contra las hordas satánicas antes que como una congresista de oposición comprometida con sus tareas de fiscalización.

Con varios ministros censurados o llevados a renunciar, además, el sector Educación ha sido el campo en donde el fujimorismo se ha exhibido como una genuina fuerza obstaculizadora. Recuérdese, por ejemplo, cómo apoyaron las huelgas docentes con las que un sector del magisterio buscaba dejar sin efecto las evaluaciones de desempeño o cómo impulsaron desde el Legislativo la restitución de más de 10 mil altos cargos escolares que habían sido cesados en el marco de la reforma educativa.

En un contexto de renovada tensión política, entonces, el mensaje de FP al instalar a esas dos parlamentarias en las posiciones ya mencionadas es clarísimo: la guerra continúa y podría empeorar.

Hablamos, por cierto, de decisiones que tienen el legítimo derecho de adoptar. Pero luego, si las consecuencias les resultan ingratas, que no vengan a tratar de vender otra vez discursos de autoayuda y reconciliación, porque su credibilidad estará ya un tanto afectada.
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