Los fenómenos naturales no saben de calendarios electorales, crimen organizado ni precios de los minerales. Así, mientras el ciclo noticioso y de interés ciudadano avanza regularmente al ritmo de la coyuntura política y económica, se pierde fácilmente de vista la exposición que el país arrastra a eventos climáticos, sísmicos o de otra naturaleza que podrían hacer un daño tremendo en cualquier momento.
El más reciente recordatorio lo tuvimos este fin de semana con el sismo de magnitud 6 cuyo epicentro se registró frente a la ciudad de Chimbote, en Áncash. No fue poca cosa. El remezón se sintió en Cajamarca, Tumbes, Lima, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali y Piura. Según el Indeci, se registraron al menos 28 personas lesionadas a causa del sismo. Entre Áncash y La Libertad, las dos regiones más afectadas, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) recordó que existen 15 zonas críticas, identificadas hace más de diez años, ante la presencia de terremotos.
En el ámbito estatal, esta no puede ser la última prioridad. Quizá no haya un riesgo catastrófico más relevante para la población peruana que la irrupción de un terremoto de alta intensidad en una ciudad densamente poblada. El Perú no está preparado. Muchos terrenos donde se han levantado nuevas edificaciones –como laderas, zonas de deslizamiento o de caída de rocas – no son seguros. Pero las municipalidades a veces no solo hacen vista gorda, sino que promueven estas ocupaciones. Los servicios de alerta temprana ante casos de sismo deben funcionar de manera más consistente. La infraestructura pública crítica –como hospitales, redes de transmisión eléctrica, de agua y de comunicación, o carreteras principales– debe estar blindada (el hospital La Caleta, de Chimbote, por ejemplo, registró la caída de baldosas y rajaduras).
La responsabilidad no es solo del Estado. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre el 2007 y el 2024 se construyeron 1,6 millones de viviendas informales en el país, lo que representa el 63% del total edificado en ese período. Solo una de cada siete viviendas tuvo la supervisión de un ingeniero o arquitecto. Las familias deben también contar con un plan de evacuación, una mochila de emergencia y un botiquín de primeros auxilios. En el ámbito público y privado, la contratación de seguros contra estos daños podría ayudar significativamente en la reconstrucción posterior.
La coyuntura política y económica nos distrae de estos riesgos catastróficos. Sin embargo, eventos como el del fin de semana deberían ser aprovechados para recordar que la inversión en tiempo y recursos aquí podrá no ser de beneficio inmediato ni evidente, pero el costo de no hacerlo es incalculable.
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