El Perú ha tenido, en promedio, un nuevo presidente de la República cada año y medio por los últimos diez años. Pero quedarse solo en ese atractivo titular noticioso es perderse la mitad de la noticia. Más allá de la corroída imagen de predictibilidad del máximo representante de la nación, el motivo por el que realmente importa la estabilidad de quien ocupe el máximo cargo del Ejecutivo es porque buena parte del resto del aparato público depende de Palacio de Gobierno. Sin estabilidad en la cima, no hay política pública que aguante.
Un ejemplo de lo anterior es Sedapal. Según publicó ayer en las páginas de este Diario el Instituto Peruano de Economía (IPE), desde el 2021 la entidad proveedora de agua y alcantarillado tuvo ocho presidentes ejecutivos y 12 gerentes generales, cuatro veces más que entre el 2006 y el 2011. La rotación de cabezas en empresas públicas, por supuesto, no es nueva (Petro-Perú acumula, en promedio, cuatro presidentes de directorio por año desde hace cinco años), pero el caso de Sedapal es paradigmático por el impacto directo que tiene sobre la calidad de vida de millones de ciudadanos.
De acuerdo con el informe, a pesar de las enormes brechas en la provisión del servicio y de que cerca de 900.000 personas carecen de desagüe en Lima Metropolitana y Callao, “Sedapal no facturó más de un tercio del agua que produjo en el 2024, un nivel parecido al del 2011”. Es decir, más de una década después, la capacidad financiera de la principal EPS del Perú para cumplir su misión sigue en rojo. Los principales perjudicados son los hogares más vulnerables de la capital que –al no poder acceder a la red– pagan siete veces más por metro cúbico de agua y permanecen expuestos al riesgo de contaminación.
Así, hace bien el gobierno de Keiko Fujimori en plantear –a través del pedido de facultades legislativas al Congreso– la reestructuración de Sedapal. Y el Congreso estaría en lo correcto al autorizar la solicitud para acelerar el trámite. Sedapal es una entidad que desde hace décadas necesita una reingeniería de fondo que le permita planear a largo plazo, sincerar los precios del agua, invertir con responsabilidad, recaudar lo que corresponda y brindar un servicio mínimamente aceptable en la ciudad más poblada del Perú. Si la gestión y capitales para avanzar en esta ruta pueden venir del sector privado, aún mejor. Pocas reformas podrían tener un efecto tan concreto sobre millones de personas como esta. Ojalá el gobierno y el Congreso lo entiendan así también.
Economía
