La política penitenciaria tendría que ser una de las piezas claves en la lucha del Estado contra la criminalidad y sin embargo constituye para este, desde hace tiempo, un dolor de cabeza que está a punto de agravarse. Como se sabe, antes que un lugar de aislamiento y readaptación, las cárceles son el centro desde donde se imparten órdenes a las bandas de extorsión y sicariato que operan en el exterior, y un espacio de aprendizaje criminal para los delincuentes que luego retornarán a las calles. Existe, además, un severo nivel de corrupción en el personal supuestamente a cargo de la vigilancia de los reos que hace todo eso posible.
Dramáticamente, es en medio de ese contexto, de por sí alarmante, que está por cumplirse el plazo de cinco años dado en el 2020 por el Tribunal Constitucional para que el Ejecutivo solucione la situación de hacinamiento que se vive en esos establecimientos. Si para mayo próximo lo dispuesto por el TC no ha sido atendido, deberán cerrarse, para empezar, los seis penales más superpoblados del país. Una lista que elaboró la Unidad de Investigación de El Comercio, de acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario a febrero de este año, estaría encabezada por las cárceles Sarita Colonia (Callao), que alberga a 3.363 reclusos, a pesar de solo tener capacidad para 572 (una superpoblación del 488%) y Castro Castro (San Juan de Lurigancho), que alberga no menos 5.750 presos, cuando su capacidad oficial es de 1.142 (una superpoblación del 404%). La situación en otros establecimientos, por cierto, no es mucho mejor, pues la población penal del país es de 94.911 reclusos y la capacidad total de albergue del sistema es hoy de 41.019. Así, el cierre al que alude la sentencia del TC supone el bloqueo de nuevos ingresos a las cárceles objeto de la medida y el traslado de internos a otros penales supuestamente no superpoblados. Dos medidas que lucen impracticables, pero deben ser obedecidas.
Al respecto, el gobierno afirmó este domingo que promoverá la redistribución de presos ante el fallo, pero no explicó cómo lo hará y hay poca confianza en que lo pueda hacer con éxito, ya que, en el tiempo transcurrido desde que se emitió la sentencia, es poco lo que el Estado ha hecho para superar el problema. Se han inaugurado algunos pabellones en Puno e Iquitos y se ha puesto la primera piedra para un centro de reclusión en Abancay, pero eso solo aumenta en cerca de 1.500 plazas la capacidad total del sistema. Estamos, por lo tanto, a punto de sufrir las consecuencias de que se haya esperado al último momento para reaccionar ante una circunstancia que se conocía hace cinco años. Llueve sobre mojado.
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