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Editorial: Declaración de parte

Si la congresista Aramayo define la conducta de Fuerza Popular frente a César Hinostroza como blindaje, no queda mucho que discutir.

Editorial

Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Congreso analiza los informes finales para acusar constitucionalmente a los ex consejeros del CNM y al ex juez César Hinostroza, el pasado 28 de setiembre. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

La naturaleza del comportamiento de Fuerza Popular (FP) en el Congreso frente a distintas denuncias que involucraban a miembros del sistema de justicia o de su propia bancada ha sido materia de discusión en los últimos meses. Mientras desde la propia organización fujimorista las votaciones en las que libraron temporal o definitivamente a tales personas de ser investigadas bajo determinadas figuras legales han sido consideradas ‘respeto al debido proceso’, desde otras bancadas y diversos sectores de la opinión pública se las ha llamado ‘blindaje’. Es decir, un esfuerzo por hacer a los denunciados invulnerables ante cualquier iniciativa de pesquisa y eventual sanción, sin importar lo razonable que parezca.

El rechazo de los representantes de FP a esa calificación, en realidad, ha sido airado y enfático (aun cuando en más de una oportunidad, como en el caso de las acusaciones a la legisladora Yesenia Ponce en la Comisión de Ética, terminaron desandando sus pasos). Por eso la circunstancia de que ahora, a raíz de la divulgación periodística de una comunicación entre integrantes y asesores de la bancada, se sepa que la propia congresista Alejandra Aramayo aludió con la referida expresión a la conducta de su bancada frente a la posibilidad de investigar al ex juez César Hinostroza dentro de la figura de crimen organizado le ha dado al debate un giro prácticamente definitivo.

Como se recuerda, en la madrugada del pasado 28 de setiembre, la mayoría de FP votó en la Comisión Permanente por excluir al ex magistrado de la mencionada investigación (una decisión que, por lo escandalosa, fue luego revertida en el pleno). En un principio, el parlamentario oficialista Juan Sheput había votado en el mismo sentido, pero finalmente optó por cambiar su voto. Y ese hecho movió a la congresista Aramayo a ventilar un reproche entre sus compañeros de bancada en el grupo de Telegram autodenominado La Botica.

“Habló Mario [Mantilla] y fue oportunidad para que Sheput cambie su voto”, escribió. “Cuándo aprenderán a respetar las decisiones”. Y un poco más adelante: “Ahora solos hemos blindado a Hinostroza”. Una nítida manifestación de la incomodidad que sentía por haber quedado ellos –los legisladores de FP presentes en la Comisión Permanente– como los únicos ‘blindadores’ de Hinostroza.

La declaración de la señora Aramayo dará pie seguramente en estos días a discusiones de tipo legal. Si hubo en efecto ‘blindaje’ en esa ocasión, por ejemplo, ¿se puede considerar esa actitud como un intento del fujimorismo de influir políticamente sobre el sistema de justicia?

Lo que, sin embargo, ya no parece dar mucho margen al debate es la caracterización misma de la operación que los integrantes de La Botica llevaron a cabo. Un viejo proverbio de resonancias judiciales dice que “a declaración de parte, relevo de prueba” y en esta oportunidad parece venir como anillo al dedo para describir lo ocurrido.

Si los propios fujimoristas, efectivamente, definieron la acción realizada por ellos como ‘blindar’, ¿cómo podrían argumentar ahora contra sí mismos?

Hay que admitir, no obstante, que por esfuerzo no se han quedado. Tanto la propia congresista Aramayo, como su compañera de bancada Úrsula Letona y hasta Keiko Fujimori han salido ante los medios a sostener que la expresión de marras ha sido ‘descontextualizada’ o tergiversada. Pero la verdad es que los contextos están muy claros. No hay en el mensaje de la señora Aramayo ningún rastro de haber intentado tomar distancia del giro o de atribuírselo a otros.

Otros voceros de FP, como la parlamentaria Rosa Bartra, han aparecido ayer ante los medios a reclamar que en esa bancada, como en cualquier otra, tienen derecho a la libertad de pensamiento y a intercambiar privadamente opiniones en los términos que les parezca. Y tiene razón (por eso, es absurdo que se pretenda someter a la congresista Milagros Salazar a un proceso en la Comisión de Ética por lo que manifestó en ese mismo grupo de chat acerca del presidente Martín Vizcarra).

Ese derecho, empero, no los exime de las lógicas conclusiones que la ciudadanía puede extraer de tales conversaciones y de sus consecuencias políticas. Ese problema del que tienen ahora que hacerse cargo.

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