En el contexto de la inseguridad que campea en el territorio nacional, la región La Libertad –y, particularmente, su capital Trujillo– ocupa un lugar alarmante. Según la Policía Nacional del Perú, hasta el 31 de enero de este año, se habían registrado 33 asesinatos, más de 60 extorsiones y un secuestro en la región. Y eso ocurre porque la minería ilegal y otros delitos habitualmente asociados a ella han encontrado allí un terreno desgraciadamente fértil para desarrollarse.
Al igual que en Lima o en Piura, además, las autoridades locales no han encontrado un verdadero remedio a la situación. Y así, en medio del agobio y la desorientación, el gobernador regional César Acuña no ha tenido mejor idea que solicitarle recientemente, con éxito, al Ejecutivo que declare el estado de emergencia en el lugar.
Las declaraciones de emergencia, sin embargo, han mostrado ya lo poco que ayudan a cambiar el clima de criminalidad imperante en donde se las pone en vigor; sobre todo si no vienen acompañadas de un trabajo previo de inteligencia que permita dar golpes certeros a la delincuencia organizada aprovechando la suspensión de garantías que trae consigo. Y ese ha sido el caso en todas las zonas del país donde se ha decretado la emergencia. No olvidemos que, paradójicamente, la escasa eficacia de la medida fue una de las razones esgrimidas por el Gobierno para justificar la remoción del ahora ex comandante general de la Policía Nacional Jorge Angulo.
Así las cosas, no es de extrañar que los peligros de los que hablamos amenazaran también a Paolo Guerrero y su familia poco tiempo antes de que este se trasladara a Trujillo para cumplir el contrato que tiene firmado con el club Universidad César Vallejo. Su señora madre, doña Petronila ‘Peta’ Gonzales Ganoza, recibió, en efecto, mensajes de extorsionadores que pretendían, aparentemente, cobrarle algún tipo de cupo al jugador a cambio de no hacer víctimas de actos de violencia a personas de su entorno. La situación que eso generó, como se sabe, fue ocasión de una serie de incordios entre el futbolista y el club, que no son materia de este editorial, pero que finalmente se resolvieron haciendo posible la llegada del celebrado deportista a Trujillo. El recibimiento, desde luego, estuvo rodeado de ceremonia y aparato, y el orador principal fue el gobernador regional César Acuña, quien es también dueño del equipo al que Guerrero se ha incorporado. Lo que sí resultó sorprendente, en cambio, fue el discurso que pronunció para la ocasión. O, por lo menos, algunos de sus tramos. En particular, aquellos en los que se animó a garantizar la seguridad del delantero y su familia. “Creo que el mensaje fuerte es que Paolo no necesita seguridad”, dijo. Para después añadir: “Él es un ídolo de todos los peruanos y Trujillo lo va a cuidar”…
Queda para la anécdota el hecho de que uno de los presuntos autores de la extorsión a doña ‘Peta’ y recientemente detenido, el delincuente Edwin Moya, ‘Cabezón’, figura en los padrones de afiliados de Alianza para el Progreso, el partido que lidera precisamente Acuña. Un dato ante el que él reaccionó diciendo que tiene “mala suerte” y que “a partir de ahora” debe haber un filtro para que no entren al partido “personas como este tipo”.
Lo que no es anecdótico, no obstante, es que en un año como gobernador no lo hemos visto tan activo en el tema de seguridad ni a él ni a su entorno como lo hemos visto esta semana tratando de garantizar que Guerrero juegue en su club. Aquello es una garantía fantasma y nada más. Ojalá que Guerrero sea consciente de que la promesa que ha recibido proviene de quien, esencialmente, es un político y no tanto un gestor de éxito.
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