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Editorial: Motivos de bajo vuelo

Las razones expuestas para apartar al fiscal José Domingo Pérez del Caso Chinchero dejan entrever una preocupante motivación.

Editorial

José Domingo Pérez

El fiscal del equipo especial del Ministerio Público a cargo del Caso Lava Jato, José Domingo Pérez, durante una audiencia el pasado 28 de diciembre del 2017. (Foto: Juan Ponce/El Comercio).

Foto: Juan Ponce/El Comercio.

El lunes, la coordinadora nacional de las fiscalías anticorrupción, Lourdes Téllez, oficializó el retiro del fiscal José Domingo Pérez de las pesquisas que venía realizando este a propósito de la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco.

Vale recordar que el propio Pérez ya había pasado por un trance exactamente igual cuando el pasado 19 de setiembre el antecesor de la doctora Téllez, el fiscal superior César Zanabria, resolvió retirarlo del Caso Chinchero tras más de seis meses de abiertas las indagaciones, debido a que Pérez había ingresado al equipo especial a cargo del Caso Lava Jato. Días después de esta decisión, sin embargo, Téllez –que reemplazó a Zanabria– decidió devolverle el caso al mismo fiscal, al que ahora aparta.

En esta ocasión, según explicó la fiscal Téllez a través de un documento, las razones para remover a José Domingo Pérez del Caso Chinchero han sido, principalmente, dos. Por un lado, la situación de que el referido fiscal formara parte del mencionado equipo especial, y que tiene entre sus manos investigaciones que involucran, por ejemplo, a ex candidatos presidenciales y a ex mandatarios, como Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. En esa medida, la fiscal argumenta que así Pérez podrá dedicar su tiempo y esfuerzo exclusivamente a estas indagaciones.

Y por el otro, “los cuestionamientos respecto a la presunta parcialidad” del fiscal José Domingo Pérez “que a futuro podría perjudicar” las investigaciones por Chinchero.

Aunque la primera razón puede ser discutible (pues nada impide que un fiscal lleve casos distintos de manera prolija y meticulosa), la segunda luce claramente infundada. En efecto, ni la fiscal superior Téllez ha explicado cuáles serían los síntomas de esta presunta parcialidad que alerta en su resolución –más allá de mencionar que estos han sido advertidos mediante “algunos medios de comunicación, redes sociales y algunas sesiones de audiencias públicas”–, ni existen indicios que lleven a pensar que el manejo de José Domingo Pérez en este caso haya sido irregular o inadecuado.

En realidad, los cuestionamientos hacia el trabajo del fiscal Pérez han venido de parte de algunos de sus investigados –como el ex mandatario Alan García– y de quienes han sido blanco de sus críticas en las últimas semanas, como el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (que le criticó un presunto “interés político coordinado con el gobierno” para “tapar” la investigación de Chinchero). Este último, recordemos, fue quien nombró a la señora Téllez en el cargo que ahora ocupa desde el 25 de setiembre.

Salvo, claro está, que la presunta parcialidad que denuncia la fiscal Téllez tenga relación con las declaraciones que José Domingo Pérez dio hace una semana, cuando afirmó que la prisión preventiva dictada contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, debía “llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación”. De ser ese el caso, empero, los cuestionamientos a su decisión no aminorarían. Por el contrario, dejarían en evidencia que la remoción de Pérez tiene poco que ver con su desempeño, y más con un intento de amonestarlo por sus opiniones.

Por lo demás, no olvidemos que hace unas semanas la misma Téllez había solicitado que el fiscal Pérez, en un plazo de 24 horas, le informara sobre la designación de su esposa en Perú Compras, una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Un pedido poco pertinente, pues el fiscal Pérez no tendría que responder por una situación que le corresponde a su cónyuge, y, en todo caso, dicha versión tendrían que darla quienes la contrataron.

Así las cosas, cabría preguntarse si, tras todo lo aquí señalado, la decisión de la fiscal superior Téllez puede interpretarse con un lente distinto al de la mera motivación política.

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