Luna empañada

´

Del vasto universo de candidatos con líos judiciales –actuales y pasados– que compiten en estas elecciones, hay uno que está pasando desapercibido, pese a las gravísimas imputaciones que arrastra. Hablamos del legislador José Luna Gálvez, candidato presidencial de Podemos Perú –partido con el que también postula al Senado–, quien, es cierto, registra poca aceptación por el momento en las encuestas de intención de voto, pero al que haríamos mal en perder de vista.

Hoy, el Poder Judicial debe llevar a cabo la audiencia de control de acusación en el proceso que se le sigue por el denominado Caso ONPE, en el que la fiscalía pide nada menos que 22 años y ocho meses de cárcel en su contra. En resumen, a Luna Gálvez se lo señala de haber dirigido una presunta organización criminal que se encargó de copar el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), captando a sus integrantes mediante contratos con su empresa, la Universidad Telesup (ya cerrada), para lograr un cambio de timón en la ONPE. El objetivo final era lograr la inscripción, en tiempo récord, de su partido político, Podemos Perú, en el 2017.

Pero los líos judiciales del aspirante presidencial no terminan allí. Recientemente, el Poder Judicial autorizó el levantamiento de su secreto bancario para revisar sus movimientos de los últimos 16 años. La medida fue tomada como parte de otro proceso que se le sigue, esta vez en una fiscalía especializada en extinción de dominio, vinculado a los aportes a la campaña municipal del fallecido Luis Castañeda Lossio en el 2014. En aquella ocasión, este último recibió dinero de Telesup, propiedad de Luna Gálvez, quien era a su vez secretario general de Solidaridad Nacional, el partido del exalcalde de Lima. Para más luces, Odebrecht y OAS admitieron que habían aportado US$980 mil en esa campaña y al menos un colaborador eficaz contó que quien recibió ese dinero fue el hoy congresista.

No conviene olvidar, además, que su partido, Podemos Perú, tiene hoy una bancada que ha sido extremadamente complaciente con la minería informal (de ella, por ejemplo, han salido proyectos para prorrogar el Reinfo hasta el 2029) y lleva en sus listas al próximo Congreso a varios congresistas de izquierda investigados –como Guido Bellido y Édgar Tello–, además del abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, un agitador profesional que fue retirado hace poco del hemiciclo por lanzar agravios contra la institución que integran varios de sus actuales compañeros de campaña.

Cuando decimos que los ciudadanos tienen entre manos la enorme responsabilidad de no refrendar en el poder a políticos cuestionados, lo hacemos precisamente por casos como este. Los señalamientos que carga Luna Gálvez son más que suficientes para empañar su candidatura. Ojalá que los electores lo vean claro.