Joyero de oro turbio

El Congreso vuelve a intentar favorecer a la minería ilegal. La Comisión de Economía tiene pendiente debatir un predictamen a propósito de un proyecto de ley que el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia) presentó para que el Banco de la Nación (BN) compre oro de la llamada minería artesanal. Hace algunos meses se dio a conocer una iniciativa similar del titular del Legislativo, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), que pretendía obligar al Banco Central de Reserva (BCR) a hacer lo mismo. Ambas ideas que se disfrazan de formalización en realidad habilitan una autopista para que el oro ilegal, sin trazabilidad, se pinte de ‘oficial’ con el sello del Estado.

Respecto del proyecto de Montoya, el propio BN advirtió a la Comisión de Economía que carece de experiencia, infraestructura y solvencia para realizar operaciones metalúrgicas; también la SBS, ÁDEX y el Minem desaconsejaron la aventura. Sobre la iniciativa de Salhuana, el BCR recordó que su mandato es la estabilidad monetaria y no la comercialización de metales, pues obligarlo a comprar oro implicaría imprimir dinero y romper la disciplina que ha mantenido la inflación peruana en un dígito desde 1997.

La lógica detrás de esta propuesta revela su naturaleza absurda. Según los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, la minería ilegal se ha consolidado como la principal economía ilícita del país, superando con creces al narcotráfico y la corrupción en términos de los recursos que moviliza. Destinar fondos públicos para adquirir la producción de esta actividad criminal significaría comprometer una cantidad desproporcionada del erario nacional, recursos que podrían destinarse a sectores fundamentales como la educación. ¿Acaso el Estado Peruano puede justificar el desvío de inversiones sociales prioritarias –aulas, formación docente y materiales educativos– para legitimar y financiar precisamente la actividad extractiva que devasta ecosistemas amazónicos con mercurio y fortalece las redes del crimen organizado?

Montoya invoca ejemplos de Bolivia y Tanzania. Omite que ambos bancos estatales han quedado atrapados en sanciones internacionales y en un círculo de corrupción vinculado al lavado de minerales.

Quienes defienden la propuesta proclaman que el Estado fijará precios y controlará la trazabilidad. Pero el historial del Reinfo, prorrogado cuatro veces y con solo 2,4 % de mineros formalizados, demuestra lo contrario: el Congreso ha preferido la indulgencia antes que la fiscalización. En lugar de endosar la chequera pública a un sector opaco, el Legislativo debería fortalecer la Sunat, la policía y la fiscalía ambiental, y cerrar de una vez el salvoconducto que hoy permite al crimen excavar y explotar el mineral impunemente.

Convertir al Estado en joyero de oro turbio no solo es una costosa irresponsabilidad, es la validación de un proceder ilegal que de aprobarse solo va a legitimar y perpetuar el delito.