Editorial El Comercio

“Aceptamos la decisión que ha tomado el Congreso de censurar al ministro Juan José Santiváñez, que ha puesto alma, vida y corazón para afrontar la lucha contra la seguridad ciudadana […], seguramente pondremos en ese ministerio a otro ciudadano tan valiente como él”, anunció la presidenta Dina Boluarte la noche del viernes. En el momento en el que daba este mensaje, una muchedumbre de peruanos se manifestaba en las calles y, por si ella no lo notó, lo hacía justamente porque su ministro había fracasado en la labor que le da sentido a su cargo: frenar el avance del crimen.

El lunes, finalmente, conocimos al “ciudadano valiente” del que hablaba la mandataria, cuando Julio Díaz Zulueta, general de la PNP en retiro, juró como ministro del Interior. Para comenzar, el hecho de que haya sido viceministro de Seguridad Pública del censurado no es un buen augurio. Si de algo careció la gestión de Santiváñez fue de ideas para frenar el desborde de las extorsiones con medidas distintas a las declaraciones de emergencia, por lo que preocupa que Díaz Zulueta se sienta tentado de seguir el camino de su exjefe.

Pero las preocupaciones no vienen solo por el hecho de haber sido subordinado de Santiváñez. Como informó este Diario, el nuevo ministro del Interior se encuentra investigado desde mediados del 2024 por el delito de negociación incompatible, en un caso cuyos detalles no se han hecho públicos, pero por el que sabemos que la institución que hoy preside desembolsó S/80.000 para solventar su defensa legal por un año. En el 2020, además, Díaz Zulueta fue separado del cargo de jefe de la Macrorregión Policial Lambayeque debido a un caso de presuntas compras irregulares de material sanitario durante la pandemia. Por estos hechos, el órgano disciplinario policial lo suspendió temporalmente y, mientras se encontraba en esta tesitura, fue pasado al retiro durante la administración de Francisco Sagasti.

Dicho todo lo anterior, sin embargo, Díaz Zulueta todavía puede cambiar los pronósticos poco auspiciosos que su designación ha generado. El margen para hacerlo es bastante amplio. Podría, por ejemplo, restablecer las coordinaciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial que su antecesor se encargó de sabotear culpando a ambas instituciones por su propia incompetencia. También debería apostar por la inteligencia como el método más efectivo para desarticular a las bandas criminales. Y convencer a la presidenta de que, de una vez por todas, abdique de los manidos estados de emergencia que tan pobres resultados han mostrado.

“He dedicado mi vida profesional al servicio de la seguridad ciudadana en el Perú. Con 40 años trabajando arduamente en el sector público, quiero seguir luchando”, afirmó el flamante ministro en un video del 2021, cuando aspiraba a ser alcalde de Surco por el Partido Morado. Pues bien, el gobierno le ha dado la posibilidad de honrar esas palabras. Pero tiene que empezar hoy mismo. Mañana será tarde para millones de peruanos.

Editorial de El Comercio

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