Editorial: Un fiasco sin atenuantes

No hay manera de relativizar la gravedad de las circunstancias que determinaron que este martes la juramentación y proclamación del señor Pedro Patrón Bedoya como integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tuviese que ser suspendida. Como se sabe, la revelación de que este tenía pendiente un proceso judicial en la Corte Suprema por presunto delito de falsedad ideológica obligó a la comisión especial encargada de evaluar a los aspirantes a conformar ese cuerpo a detener a última hora lo que ya había aprobado.

Ayer, además, Patrón Bedoya renunció a mantenerse en la situación incierta que los tardíos reflejos de la referida comisión habían creado.

Ese hecho, sin embargo, no debe alterar la valoración de lo ocurrido. Estamos sin duda ante un fiasco sin atenuantes que no solo deja en mal pie la prolijidad del trabajo de selección realizado por la comisión, sino que afecta la imagen total de una reforma que, por la naturaleza del problema que pretendía –y pretende– enfrentar y por la animosidad que ha despertado en sus enemigos, debía ser llevada adelante con singular esmero y diligencia.

Después de lo conocido el año pasado a través de los llamados ‘audios de la vergüenza’, en efecto, nadie podía sostener honestamente que el Consejo Nacional de la Magistratura no debía ser disuelto para establecer en su lugar otra institución que cumpliese a cabalidad las funciones que aquella había pervertido. Y en ese sentido, el gobierno acertó en proponer e impulsar con energía la reforma del sistema de justicia dentro de la que la frustrada proclamación del martes debía inscribirse.

La forma específica que el planteamiento adquirió luego en medio de los avatares de la política, no obstante, ya es más discutible. Particularmente, en lo que concierne a los plazos y a los tipos de prueba a los que se sometería a los postulantes a la junta.

Hace un mes los resultados de la evaluación de conocimientos dieron un primer clarinazo sobre los defectos de ese diseño: de las 104 personas examinadas, solo tres aprobaron; y debían pasar todavía por la entrevista personal para estar en condiciones de acceder a la JNJ. Y si consideramos que esta necesitaba de 14 miembros –7 titulares y 7 suplentes– para poder funcionar adecuadamente, la dimensión del problema se hace evidente.

Con incomodidad, la comisión debió solicitar entonces nuevos plazos y anunciar cambios en la prueba de conocimientos que tendrían que enfrentar los futuros postulantes.

De los tres ya aprobados, por otra parte, solo Patrón Bedoya superó las otras etapas del proceso y, en esa medida, su juramentación era poco menos que un avance simbólico en la consolidación de la reforma. No resulta necesario, en consecuencia, abundar en el desaguisado que la caída de ese único elemento para contrapesar el fracaso supone…

Los síntomas de negligencia, sin embargo, no se detienen ahí. Patrón Bedoya ha afirmado que la comisión sabía de sus problemas legales desde el 18 de junio sin que eso la llevara a dejar sin efecto los planes para su proclamación. Si eso fuera cierto, estaríamos ante un retroceso producto de la divulgación de tales problemas y no de los cuestionamientos de idoneidad para el cargo que se derivan de ellos.

Y si no lo fuera, ¿cómo explicar que una comisión integrada por, entre otros, el presidente del Poder Judicial y la titular del Ministerio Público ignorase por tanto tiempo la existencia de los referidos problemas? Durante el último mes solo tenía que revisar minuciosamente la situación legal de tres candidatos a la JNJ y no lo hizo eficientemente.

Nada de esto, empero, debe servir de argumento para abortar la reforma. Por costoso que resulte demorar la instalación del JNJ, quizás sea momento de tomar aire y replantear en serio algunos detalles del proceso de selección de sus integrantes. Porque la premura dictada por el efectismo ha conducido a una devaluación de su imagen y ese es un costo que puede acabar excediendo todos los demás.