A través de un pedido de acceso a la información pública, este Diario pudo conocer que, entre el 2024 y el 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó ante el Ministerio Público nada menos que 104 denuncias contra organizaciones políticas de las que se sospecha que presentaron firmas falsas para tramitar su inscripción.
Se trata de un asunto imposible de minimizar, no solo por la abultada cantidad de denuncias, sino porque estas alcanzan a todo tipo de organizaciones, independientemente de si son de alcance nacional o regional, y de si lograron o no culminar el proceso de registro. Entre los señalados, además, destacan 19 partidos políticos que están habilitados para participar en las elecciones generales del próximo año y que, en ese sentido, podrían llegar al gobierno arrastrando graves cuestionamientos de origen.
La lista la encabezan Perú Primero (del expresidente Martín Vizcarra), Salvemos al Perú y Sí Creo, con cuatro denuncias. Los siguen Voces del Pueblo (del actual congresista Guillermo Bermejo), Primero La Gente (de la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello), Ciudadanos por el Perú (de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta) y el Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Reunificación del Perú, con tres denuncias. Consultados por este Diario, los líderes de varias de esas agrupaciones han tratado de restarle gravedad al asunto e incluso han enfatizado que el porcentaje de firmas observadas es pequeño comparado con el total que presentaron.
Una cosa, sin embargo, no quita la otra. Y el hecho de que un partido haya logrado inscribirse, incluso con un número superior de afiliados de los que se requería, no quiere decir que debamos ignorar la posibilidad de que haya tratado de sorprender a los organismos electorales con información falsa. En otras palabras, no solo importa saber si una organización se inscribió gracias a firmas falsificadas (hay indicios para creer que esto pasó en algunos casos), sino que también es crucial conocer si intentó hacerlo, aunque luego haya fracasado gracias a los filtros del sistema.
Además, existen razones para sospechar que las rúbricas falsas fueron un problema sistemático y no simples casos aislados. Meses atrás, varios ciudadanos descubrieron que habían sido afiliados sin su consentimiento a partidos políticos de los que nunca habían oído hablar. E incluso el programa “Punto final” difundió el testimonio de una persona que confesó que existen ‘fábricas’ de firmas falsas que cobran por sus servicios.
Pese a aquella avalancha de denuncias, sin embargo, en el Congreso duerme desde hace meses un proyecto que busca reforzar la fiscalización y sancionar efectivamente a los partidos que hayan presentado rúbricas fraguadas. Nos corresponde a los ciudadanos exigir que este asunto no quede impune y que las investigaciones lleguen hasta el final, no solo por un asunto de justicia, sino por el bien de nuestra democracia.
WUF
