Todo queda en familia

Para nadie es un secreto que el criterio técnico es el parámetro menos empleado a la hora de definir las contrataciones en el Congreso. Semana a semana nos enteramos de nuevos escándalos que involucran a la planilla legislativa: jóvenes sin experiencia cuyo único mérito es tener un carnet partidario, designaciones a dedo de “hijos políticos” en puestos claves y sueldos elevados para funcionarios sin la trayectoria requerida. A esto se suma la ya conocida y condenable práctica de recortar los salarios a los trabajadores.

Esta semana, El Comercio ha revelado que personas pertenecientes a al menos 30 grupos familiares trabajan en oficinas del Congreso o incluso en un mismo despacho parlamentario. Los casos expuestos son en su mayoría de hermanos que han sido contratados en diversas áreas, pero también hay padres e hijos. En Fuerza Popular, por ejemplo, hay hasta tres grupos de hermanos contratados y en dos de estos casos se trata de afiliados a la agrupación.

Es cierto que no existen impedimentos legales para que las personas que son familiares laboren en el Parlamento. Pero al no existir concursos de méritos para ocupar estos cargos, no hay oportunidad para que cuadros con mejores pergaminos académicos o laborales puedan acceder a estas plazas. Las contrataciones se deciden bajo la figura del cargo de confianza, que no es otra cosa que otorgar arbitrariamente los puestos a recomendados, amigos o militantes de un determinado partido. Como ha señalado el ex oficial mayor José Cevasco, se trata de “un mal uso del poder de influencia”.

El Congreso está excluido de la Ley Servir, lo que facilita que algunas bancadas utilicen ese poder del Estado como una agencia de empleos para los afiliados a sus partidos. Está en manos de la Mesa Directiva revertir esta situación, prohibiendo este tipo de contrataciones e implementando concursos públicos para ocupar las plazas disponibles. Pero eso es algo difícil de esperar cuando la mayoría de las bancadas que la integran están metidas en el mismo saco y tienen su parte de responsabilidad en este festín de contrataciones. Los intereses propios se seguirán imponiendo sobre el bien común.