La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones fundamentales del Estado y quien la encabeza debe ofrecer garantías de independencia, integridad y compromiso democrático, cualidades que Josué Gutiérrez Cóndor no ha exhibido desde que asumió el cargo. Por el contrario, se han ido acumulando hechos y decisiones que han debilitado la confianza que debería generar quien encabeza ese organismo.
Desde su elección, en mayo del 2023, los motivos para cuestionarlo se han acumulado hasta hacer insostenible su permanencia. Las denuncias constitucionales interpuestas en su contra en el Congreso deben, por tanto, ser analizadas con el máximo rigor para determinar, dentro del procedimiento previsto por la Constitución, si corresponde su destitución.
Los hechos recientes ratifican el diagnóstico. El Comercio reveló este martes que la defensoría pidió informes al Poder Judicial por una demora en el recurso de Guillermo Bermejo, excongresista condenado a 15 años por afiliación a Sendero Luminoso. Es decir, la entidad encargada de velar por todos los peruanos prioriza sus esfuerzos en la defensa de un sentenciado por terrorismo.
Tampoco olvidemos que, semanas atrás, Gutiérrez defendió una eventual disolución de la Cámara de Diputados, una medida que, según sus cálculos, tendría un respaldo superior al 80%.
A ese despropósito se suma su silencio y luego su abierto respaldo a Vladimir Cerrón, su antiguo defendido. Mientras el fundador de Perú Libre burlaba a la justicia por casi tres años, el defensor no pronunció una sola palabra de censura; más bien, una vez anuladas las órdenes que pesaban sobre él, justificó la fuga: “Si te sentencian solo para perseguirte, tienes que escaparte, pues”.
Tampoco es menor el conflicto de interés en el que incurrió meses atrás. La defensoría que él preside presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373, la ley de extinción de dominio, en momentos en que su hermana Sara Gutiérrez Cóndor –representante de una empresa a la que se le incautó maquinaria valorizada en 220.000 dólares por un presunto contrabando– enfrentaba un proceso de esa misma naturaleza.
Como si lo anterior fuera poco, los informes correspondientes a sus 11 viajes al exterior reprodujeron párrafos de otras publicaciones sin las citas correspondientes.
La Defensoría del Pueblo merece algo mejor. Debe volver a ser dirigida por una persona que genere confianza y respeto. Requiere ser representada por alguien que esté a la altura del cargo. Está en manos del Congreso evaluar la situación.
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