Las elecciones del 12 de abril quedaron empañadas por una cadena de irregularidades que la ONPE no puede esconder detrás de las cifras. Más de 55.000 ciudadanos en Lima no pudieron sufragar porque el material electoral nunca llegó a 187 mesas de sufragio en 13 locales de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. Esto sin contar los miles de votantes que acudieron temprano a su centro de votación y no pudieron sufragar porque sus mesas no estaban abiertas y, posteriormente, no regresaron a votar. Y sin dejar de mencionar que la ONPE mintió al indicar que todo el material ya había sido repartido a los locales de votación.
En paralelo, el sistema tecnológico STAE –presentado como garantía de celeridad y seguridad– colapsó en el Callao y Ancón, obligando a los miembros de mesa a usar cuadernos informales. No fueron errores fortuitos: fueron el resultado de una gestión deficiente que recae sobre quien conduce la institución.
Tal como señalamos hace algunos días, la ONPE tiene una misión concreta: organizar y ejecutar procesos electorales. En esa –su única tarea– falló de manera inadmisible en los comicios más importantes de cada lustro. Las irregularidades descritas no son un problema de mandos medios: la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) apunta directamente a Piero Corvetto, jefe de la institución, por conducta omisiva sistemática. Según el documento, Corvetto sabía de la crisis logística y tecnológica antes de que se iniciara la jornada y, sin embargo, no informó oportunamente al JNE, dejando a la ciudadanía en un estado de desinformación total durante horas.
Lo que hace singular esta situación es que jamás, en la historia reciente del sistema electoral peruano, el JNE había denunciado penalmente al presidente de la ONPE. Este hecho, inédito, no es un mero trámite administrativo: es el organismo que supervisa los comicios señalando a quien los organizó como presunto responsable de obstaculizar el derecho de sufragio de decenas de miles de peruanos. La gravedad institucional de esa acción no admite respuestas tibias.
Corvetto ha alegado que, en medio de un proceso electoral, la ley le impide renunciar al cargo. Pero la prohibición de renuncia no lo obliga a permanecer en funciones: puede –y debería– solicitar licencia. La segunda vuelta se avecina y la confianza ciudadana en la ONPE está en su punto más bajo. Conducir esa etapa con un jefe denunciado penalmente por el propio JNE no solo debilita la credibilidad del proceso, sino que convierte a la institución en un problema político cuando su rol debería ser exactamente el opuesto: ser garantía de transparencia.
Si Corvetto se niega a dar ese paso, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) –organismo que lo nombró y ratificó tiene la facultad de destituirlo– debe actuar sin dilaciones. Los constitucionalistas consultados por este Diario son categóricos: la JNJ puede iniciar un proceso disciplinario inmediato por falta grave, sustentado en la omisión de funciones que la propia denuncia penal detalla. La norma prevé la destitución como causal de vacancia del cargo, y las circunstancias actuales la justifican con creces. Una situación excepcional exige una respuesta excepcional: que Corvetto permanezca al frente de la segunda vuelta no da garantía alguna de un proceso transparente en el que todos los peruanos puedan ejercer su derecho al voto.
Ayer, Corvetto compareció ante el Congreso de la República y no manifestó la menor disposición a dar un paso al costado. Lejos de asumir su responsabilidad política con la contundencia que el momento exige, optó por el camino del autoblindaje. Esa actitud no solo es un insulto a los ciudadanos a quienes la ONPE privó del derecho a votar: es también una señal de que no tiene intención de facilitar la segunda vuelta libre de sombras. Pedir licencia en este caso es reconocer que las circunstancias hacen insostenible ejercer el cargo con la autoridad moral que la función exige. Si Corvetto no lo entiende, la JNJ tiene el deber de obligarlo a salir.
