El fenómeno de El Niño no es una sorpresa. Cada ciertos años, el país lo anuncia, lo dimensiona y, aun así, lo padece como si fuera la primera vez. Hoy el riesgo vuelve a estar cuantificado: según el Cenepred, 209 distritos se encuentran en nivel muy alto por inundaciones y más de 7,9 millones de personas viven allí. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) estima una probabilidad igual o superior al 62% de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre del 2026 y enero del 2027. Ante esa certeza, la respuesta sigue siendo insuficiente.
El fenómeno de El Niño no es una sorpresa. Cada ciertos años, el país lo anuncia, lo dimensiona y, aun así, lo padece como si fuera la primera vez. Hoy el riesgo vuelve a estar cuantificado: según el Cenepred, 209 distritos se encuentran en nivel muy alto por inundaciones y más de 7,9 millones de personas viven allí. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) estima una probabilidad igual o superior al 62% de que el fenómeno alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre del 2026 y enero del 2027. Ante esa certeza, la respuesta sigue siendo insuficiente.
El plan del Ministerio de Salud para el 2026-2027 identifica 4.393 establecimientos de salud en riesgo inminente, distribuidos en 796 distritos declarados en emergencia. De ellos, 4.294 corresponden a la primera línea de atención: aquella a la que acuden primero los más pobres, los que no tienen otra puerta. La memoria de lo ocurrido en el 2023 –solo con fuertes lluvias– debería bastar para actuar. Entonces, 1.229 establecimientos resultaron afectados –el 93,5% del primer nivel–, 20 quedaron inoperativos y hubo que atender pacientes en piscinas, bibliotecas, parroquias y losas deportivas.
A ese cuadro se suman las aulas. Más de 30.000 colegios están expuestos a eventos naturales, y la interrupción de clases amenaza con hacer perder el año escolar a miles de estudiantes. Si la salud colapsa y las escuelas se inundan, una generación entera podría pagar el precio de la improvisación.Lo más grave es que no se trata de un desastre imprevisto, sino de la consecuencia de décadas sin planificación. “Podemos afirmar categóricamente que no existe una planificación del riesgo”, admitió Augusto Tarazona Fernández, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa. El propio sector reconoce un retraso de 50 años en infraestructura. El presupuesto de contingencia previsto –apenas S/1,45 millones– ni siquiera se acerca al costo de proteger o recuperar los 4.393 establecimientos identificados.
Gobiernos pasados miraron el fenómeno como una emergencia y no como un problema estructural. Ninguno invirtió lo necesario para reubicar, reforzar y mantener la primera línea de salud; ninguno garantizó escuelas seguras. El Ejecutivo ahora debe priorizar la prevención: presupuesto real, obras de mitigación y una respuesta articulada antes de que lleguen las lluvias. La contingencia sirve para ganar tiempo; no reemplaza la inversión. Si volvemos a improvisar, la próxima inundación volverá a encontrar al país sin defensa y a la primera línea, una vez más, en riesgo.