Durante los últimos años, es muy posible que la noticia central del día en el Perú haya estado vinculada al ciclo de volatilidad política nacional: vacancias, enfrentamientos entre poderes del Estado, escándalos que relacionan la justicia con la política, entre otros.
¿Por qué debería importarle esto al ciudadano promedio? Por varios motivos. Uno de ellos es que la falta de predictibilidad y continuidad política reducen la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios a la población. Al menos algo de esto se desprende del informe del Instituto Peruano de Economía publicado ayer en este Diario, que señala que más de 65.000 proyectos están paralizados o abandonados desde el 2012. Al mismo tiempo, el Congreso aumenta progresivamente el gasto en personal del Estado, lo que hace más inflexible el presupuesto en general.
Según la investigación, basada en información del Banco Mundial, si bien el Perú gasta bastante más que otros países pares de la región en inversión pública como porcentaje de su PBI, los proyectos abandonados suman 17,3% del producto (más de tres veces lo invertido en el 2024), y el gasto ya irrecuperable asciende a 2,3% del PBI. Más allá de las bajas capacidades de ejecución de ministerios o municipalidades, parte de la explicación estaría en el propio sistema de inversión pública, y otra parte en la programación del presupuesto. El resultado de todo ello es un problema que ha ido empeorando. Entre el 2016 y 2023, el número de proyectos paralizados se quintuplicó. Comprensiblemente, la confianza en el Gobierno Central se desplomó también en la última década.
Para efectos de la provisión de servicios públicos, quizá hay pocas cosas peores que la imagen que brinda un puente casi terminado pero abandonado, un hospital que no llegó a completar las conexiones sanitarias, o una carretera en ejecución por décadas y que aún no tiene fecha de inauguración. Estas situaciones, sumamente comunes hoy a lo largo de todo el país, no solo son un grave desperdicio de recursos públicos y un freno al cierre de brechas elementales, sino que socavan las bases del pacto democrático entre el gobierno y los ciudadanos.
El próximo año –vale la pena tener en cuenta– no solo se llevarán a cabo las elecciones nacionales en abril, sino también las regionales y locales en octubre. En el 2026, en otras palabras, el país definirá a todos los responsables de la inversión pública. Y lo mínimo que se les pedirá es que por lo menos terminen lo que quedó a medias.
En Vivo US
