Asilo e impunidad

La justicia condenó a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por lavado de activos provenientes de aportes ilícitos al Partido Nacionalista. Sin embargo, mientras el exmandatario se presentó a la audiencia y acató la orden judicial que se cumplirá en el penal de Barbadillo, la otrora primera dama se trasladó a la Embajada de Brasil y obtuvo asilo político del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, con el fin de eludir a la justicia.

La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 estipula que esta figura está destinada para proteger a quienes enfrentan persecución por motivos políticos, religiosos, raciales u otros similares. La decisión del Gobierno Brasileño contradice dicho principio, pues definitivamente ese no era el caso de la señora Heredia. El asilo político no debe ser usado como herramienta para eludir las decisiones judiciales. Cabe agregar que la decisión judicial contra los esposos Humala aún puede ser apelada y recién a fines de mes se daría la sentencia completa que puede ser variada en una instancia posterior: el camino legal no está cerrado en el Perú.

La sentencia contra Humala y Heredia es por el delito de lavado de activos e incluye la confirmación de aportes ilegales provenientes del gobierno venezolano de Hugo Chávez durante la campaña del 2006, evidenciando una red de financiamiento político irregular que involucró a varios gobiernos izquierdistas de la región.

Resulta paradójico y cuestionable que Lula da Silva, quien también estuvo preso por casos vinculados a la trama de Lava Jato, haya decidido convertirse en protector de una condenada por recibir dinero ilícito de la misma empresa brasileña: Odebrecht.

La cercanía entre Lula y los Humala-Heredia es ampliamente conocida. No solo compartieron ideología y estrategia política, sino también al publicista Luis Favre, artífice de campañas que hoy sabemos fueron manchadas por dinero ilícito (como la del “No” a la revocación de Susana Villarán).

Llama la atención además que, ante la cercanía de la fecha de la lectura de la sentencia, la fiscalía no haya coordinado acciones preventivas de inteligencia y seguimiento con la Policía Nacional para conocer el paradero de Heredia.

La concesión de asilo por el Gobierno Brasileño representa un obstáculo para la justicia peruana y un peligroso precedente que refuerza la impunidad en la región, puesto que este caso ha implicado un proceso judicial que ha cumplido todas las garantías procesales, en los más de tres años de duración que tuvo. No hay que olvidar además que Brasil y el Perú colaboraron estrechamente a través de mecanismos de cooperación internacional para llegar a la verdad en este caso. La corrupción de Odebrecht afectó a ambos países.

El asilo político no fue diseñado para proteger a condenados por corrupción, sino para salvaguardar a perseguidos políticos, algo que la ex primera dama a todas luces no es.