El que parte y reparte

Una de las funciones más elementales que cumple el Congreso es la modificación y aprobación del presupuesto público de cada año. En esencia, es el Legislativo, como representante de la voluntad popular, el que autoriza el gasto de nuestros impuestos por parte del Gobierno. En el equilibrio democrático, esta es una de sus responsabilidades más delicadas e importantes. Son cientos de miles de millones de soles en juego.

Es por eso lamentable que en estas decisiones parezcan anteponerse criterios partidarios al interés nacional. En el presupuesto público aprobado hace más de una semana para el 2025 (y aún no promulgado), es la región La Libertad la que recibe el mayor incremento en su partida a pesar de tener uno de los porcentajes más bajos de ejecución de inversión pública durante este año –apenas 58,6% a falta de tres semanas para que culmine–.

Es difícil pensar que este ‘premio’ a una región con poca capacidad de ejecución pueda deberse a otra cosa más que a la concurrencia de César Acuña como gobernador de La Libertad y a la vez líder del partido que encabeza la Comisión de Presupuesto del Congreso. Lady Camones, presidenta de la comisión, pertenece a las filas de Alianza para el Progreso (APP). Incidentalmente, Áncash, región a la que representa Camones, es otra de las grandes beneficiadas en la repartición de gastos, y también adolece de baja ejecución de su presupuesto para inversión (tan solo 37,9%, la tasa más baja entre gobiernos regionales). Para completar la sugerente figura, la segunda región con el mayor incremento fue Ayacucho, presidida por Wilfredo Oscorima, nuevo integrante también de APP.

No es, por supuesto, la primera vez que quienes lideran la Comisión de Presupuesto jalan agua para su molino. Este Diario demostró que, al menos entre el 2008 y el 2018, fue práctica común. Pero un abuso de poder sistematizado sigue siendo un abuso de poder. Las partidas presupuestales deben asignarse en función a las capacidades de gestión de las entidades públicas y a sus necesidades de cierre de brechas, no sobre la base de la filiación política del líder de turno en una comisión.

En general, además, el trámite de aprobación de esta ley de presupuesto público ha sido especialmente pobre, con envíos retrasados, pedidos de última hora, anexos claves que tardan en publicarse, y varios otros vicios institucionales. Si el Parlamento no puede tomar en serio la que es probablemente su norma más importante, sus índices de aprobación subterráneos no debieran llamar la atención de nadie.