En los últimos años, la presencia de Alianza para el Progreso (APP) en el aparato estatal no solo se materializó a través de las urnas, sino por medio de nombramientos y relaciones políticas, como en el quinquenio pasado, en el que tuvo una presencia significativa en el Ejecutivo, sobre todo con Dina Boluarte. En ese gobierno fue una fuerza decisiva para sostenerlo, particularmente desde el Congreso. Un ejemplo claro es el Ministerio de Salud, que tuvo como ministro a César Vásquez, un hombre cercano a su líder, César Acuña. Es más, en una encuesta de Datum para América Televisión, de marzo de este año, el 57% de entrevistados consideraba que el Gabinete estaba copado por gente de Acuña y Vladimir Cerrón.
Sea por su relación con mandatos pasados o por otras razones, las últimas elecciones fueron un duro golpe para APP. En los comicios presidenciales, Acuña apenas obtuvo 192.516 votos (1,2%). El partido también se quedó sin representantes en el Parlamento por primera vez desde el 2011, por lo que está camino a perder su inscripción como agrupación en enero del 2027.
Por eso, pese a su presente, sorprende que APP siga teniendo a allegados suyos en el Ejecutivo, como El Comercio evidenció en un informe publicado ayer, que identifica a por lo menos cinco funcionarios ligados con el partido que trabajan en el gobierno de Keiko Fujimori.
Un caso llamativo es el de Juan Carlos Gonzales Hidalgo, secretario general del Minsa, un sector que APP ya controló. Él ha sido señalado como sobrino político de Acuña. Otro caso relevante es el de Jessica Tumi Rivas, designada en el gobierno de Boluarte como directora del programa Llamkasun Perú, puesto en el que sigue. Ella integró la plancha presidencial de Acuña y encabezó la lista de candidatos a Diputados por Lima. De los otros funcionarios, dos están en Essalud y uno en el Ministerio de la Producción.
APP niega que exista una cuota política y atribuye esos nombramientos y cargos a trayectorias individuales. Sin embargo, tal explicación resulta insuficiente cuando las designaciones más coinciden con una práctica política en la que la frontera entre partido y redes personales es difusa.
Y ahora APP intenta volver al aparato estatal, otra vez por las urnas: para las elecciones de octubre han presentado 1.191 candidaturas para 1.917 jurisdicciones. Esta nueva aspiración es preocupante porque el balance de las gestiones de APP no es particularmente positivo. En La Libertad, su principal bastión y donde Acuña fue gobernador, la lucha contra el crimen organizado ha fracasado.
Así, mientras sus allegados tienen espacios en el Ejecutivo, APP busca recuperar poder en el ámbito subnacional sin que su presencia política se haya traducido en resultados para la ciudadanía. No obstante, en este último aspecto, es la misma ciudadanía la que definirá, a través de las urnas, si le da la confianza de nuevo.
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