La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició ayer el debate del predictamen que recomienda archivar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno. Tras lo visto en este grupo de trabajo, la iniciativa, presentada el 28 de agosto para legislar durante 120 días en seguridad ciudadana y atención al Fenómeno de El Niño, parece correr el destino de ser sepultada sin siquiera llegar al pleno.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició ayer el debate del predictamen que recomienda archivar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno. Tras lo visto en este grupo de trabajo, la iniciativa, presentada el 28 de agosto para legislar durante 120 días en seguridad ciudadana y atención al Fenómeno de El Niño, parece correr el destino de ser sepultada sin siquiera llegar al pleno.
La responsabilidad recae, ante todo, en Juntos por el Perú, la bancada que preside la comisión y que ha convertido un trámite administrativo en un ajuste de cuentas político y ha negado posibilidad alguna de otorgar estas facultades, aunque aún falta que se vote.
Cabe destacar que a los gobiernos entrantes anteriores —incluidos los de Pedro Castillo y Pedro Pablo Kuczynski— se les otorgaron facultades sin mayor resistencia, pese a las diferencias y cuestionamientos que ya existían en el escenario político. Hoy, en cambio, se le busca negar a un Ejecutivo que apenas comienza, bajo el argumento de que el pedido es demasiado amplio. Lo que corresponde es debatir y acotarlo, pero parece que la oposición busca archivarlo sin más.
Con todo, el Gobierno tampoco puede permitirse transmitir el mensaje de que todo depende de estas facultades y de que, sin ellas, no puede mostrar resultados. Ese discurso es funcional a quienes buscan presentarlo como un Ejecutivo paralizado. La tardanza en abrir el diálogo con las bancadas y la ausencia de una estrategia clara para convencer al resto de la oposición también son responsabilidad del oficialismo.
En esa línea, la presidenta Keiko Fujimori ha señalado que el Congreso está “poniendo a prueba” su paciencia. Sin embargo, haga lo que haga el Legislativo, el Ejecutivo puede actuar dictando decretos de urgencia para disponer fondos y financiamiento que permitan combatir la delincuencia y mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño. Ante estas urgencias, corresponde al Ejecutivo utilizar las herramientas que tiene a su alcance para actuar.
El país necesita de un Gobierno que gobierne con las herramientas que tiene y un Legislativo que no confunda oposición con obstrucción. La seguridad ciudadana y la prevención de desastres no pueden quedar rehenes de una pulseada parlamentaria o la paciencia de que esta se va a resolver sola sin diálogo o una acción por parte del Ejecutivo.
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